La sociedad civil chilena exigen un Estado social y democrático

Organizaciones de la sociedad civil chilena exigen un Estado social y democrático de derecho en la nueva Constitución 

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil chilena, incluida GIESCR,  firmaron una declaración dirigida a la Comisión Experta para que considere como un principio fundamental de la propuesta de nueva Constitución la concreción de un Estado social y democrático de derecho, dada la importancia que significa para el futuro político y social del país. 

Sostuvieron, además, que estos cambios deben ir acompañados con una garantía efectiva de participación y transparencia que permita a la ciudadanía involucrarse activamente en el régimen de gobierno que vaya desarrollando estos derechos en políticas públicas. 

En esta declaración, señalaron que este será un debate fundamental a definir dentro de la nueva etapa del proceso constituyente, destacando algunos aspectos fundamentales para tener en consideración sobre este tema. En primer lugar, se valoró el consenso de “avanzar desde un Estado subsidiario hacia un Estado social y democrático de derecho, concepción fundamental para garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos en nuestro país”. 

Como segundo punto, consideraron “fundamental dotar de contenidos a esta concepción de Estado. Ello implica establecer con claridad la obligación y rol proactivo del Estado en el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos, sean estos políticos, civiles, económicos, sociales, ambientales o culturales, y siempre de acuerdo a los estándares del derecho internacional”. 

También destacaron la necesidad de reconocer el carácter “el carácter universal de dichos derechos, como inherentes a la dignidad humana y poniendo énfasis en el deber de protección respecto de aquellos grupos cuyos derechos han sido históricamente vulnerados”. Uno de los aspectos que destacaron las organizaciones es que el Estado social contempla un sistema de recaudación tributaria progresiva que permita al Estado contar con los recursos necesarios para la garantía de los derechos sociales. “Y que sean quienes más tienen quienes más contribuyan a su financiamiento”, sostuvieron. 

Finalmente, señalaron que es fundamental acompañar estos cambios con una garantía efectiva de participación y transparencia que permita a la ciudadanía involucrarse activamente en el régimen de gobierno que vaya desarrollando estos derechos en políticas públicas.