La nueva constitución de Chile debe consagrar todos los derechos humanos y nuevos modelos de gobernanza participativa, destacan los expertos

Este martes 13 de octubre, antes del plebiscito en Chile que decidirá si el país tendrá una nueva constitución, Magdalena Sepúlveda Carmona, Directora del GI-ESCR, participó en un importante debate sobre cómo incorporar los derechos económicos, sociales y culturales en el proceso constitucional, organizado por el Observatorio Ciudadano. Destacó que cualquier constitución, hoy en día, debería consagrar y por lo tanto garantizar los derechos de todxs. Si Chile ha de tener una nueva constitución, ésta debe responder a las demandas sociales flagrantes y a la crisis de desigualdad que el país está experimentando. 

Magdalena Sepúlveda Carmona recordó que todos los derechos, ya sean civiles y políticos, económicos, sociales y culturales o ambientales, son indivisibles e interdependientes. Cualquier constitución del siglo XXI, añadió, debería integrarlos por igual.

“No existe distinta naturaleza entre derechos civiles y políticos y DESC. Esta idea de que hay categorías de derechos y que primero vienen los civiles y políticos, luego los económicos, sociales y culturales, y en tercera categoría los medioambientales, es una categorización completamente artificial. Estos derechos son indivisibles”.

"No podemos pensar en una constitución del siglo XXI que no escuche las demandas sociales actuales, que no escuche la crisis de desigualdad enorme que vivimos en el país, que no trate de retroceder en los mecanismos de política neoliberal”.

José Aylwin, coordinador del programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano, subrayó la necesidad de reconocer los derechos económicos, sociales y culturales como una demanda fundamental:

"Los DESCA son indivisibles de los derechos civiles y políticos, pero tienen un reconocimiento muy mínimo sino nulo en la constitución de 1980. La reivindicación de estos hechos está en la base del estallido social, por lo que la expectativa de que sean reconocidos en la futura carta es fundamental”.

Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable, subrayó la necesidad de diferenciar el Estado del dominio público y de tener en cuenta otras formas de gobernabilidad democrática:

"Somos partidarios de que en la constitución se establezca una gobernanza sobre los bienes comunes donde el estado y la ciudadanía tengan parte de la responsabilidad. Así podremos entender la responsabilidad pública no como estatal, y separar y diferenciar lo estatal de lo público. Somos partidarios de enriquecer lo público y avanzar en una institucionalidad garante, pero también en mecanismos como la iniciativa popular de ley y plebiscitos vinculantes. Si no ponemos el énfasis en estas formas de gobernanza democrática, por muy bonita que nos quede la constitución será letra muerta”.

"No es posible que quienes deciden en una cuenca son los que tienen derechos de agua, no el Estado, ni el municipio, ni la junta de vecinos, ni quienes viven al borde del rio. Hay una gobernanza privatizada y corporativizada. Esta lógica de gobernanza es muy clara en los conflictos ambientales, pero si vas a los sistemas de pensiones, salud, agua potable y energía, todos los bienes públicos asociados a bienes comunes y servicios básicos tienen el mismo mecanismo. Sin cambiar el sistema de gobernanza va a ser muy difícil la implementación de estos principios, derechos y deberes”.

Roberto Morales, coordinador del programa de Derechos Humanos de la Fundación Instituto de Estudios Laborales - FIEL /CUT destacó que Chile se encuentra en una encrucijada y vive la oportunidad de desarrollar modelos más participativos en la construcción de su nueva constitución: 

"¿Esta constitución permite el goce de los DESCA? Definitivamente no, porque además la Constitución de 1980 no hizo más que fortalecer y blindar jurídicamente un modelo vulnerador de los derechos humanos”.

"Cuando las sociedades están en conflicto o encrucijada, efectivamente la construcción colectiva de una nueva carta magna ayuda a desarrollar modelos de sociedad más compartidos. El vínculo entre derechos humanos y orden constitucional democrático parte en el proceso en que se construye nueva constitución. Solamente vamos a construir algo que va a perdurar con una participación activa y permanente en este proceso, donde todos los actores puedan dar su opinión y comunicarse libremente”.

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El Observatorio Ciudadano es una organización no gubernamental que defiende, promueve y documenta los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Véase: https://observatorio.cl/