Metlife vs Argentina: organizaciones llaman a reconocer que los derechos humanos son un deber del estado

Metlife vs Argentina: organizaciones llaman a reconocer que los derechos humanos son un deber del estado

Siete organizaciones de la sociedad civil presentamos un amicus curiae ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el contexto de la solicitud de arbitraje que la empresa MetLife presentó ante este organismo contra el Estado Argentino.

El conflicto se remonta a 2008, cuando luego de 15 años de existencia de un sistema privado de pensiones, el Congreso argentino decidió volver a un sistema público de seguridad social. MetLife, una de las empresas privadas de pensiones que operó en el país sudamericano hasta esa fecha, demandó al Estado argentino y exige una indemnización por el fin del negocio de las pensiones. La empresa afirma que se violó el Tratado Bilateral de Inversión entre los Estados Unidos y la Argentina. 

Las organizaciones firmantes de este amicus curiae buscamos intervenir como una tercera parte no contendiente en este proceso para que el CIADI considere las obligaciones en derechos humanos que tienen los Estados y, en este caso, respecto de garantizar la seguridad social. Durante el periodo de privatización de las pensiones, más del 12% de los jubilados, especialmente mujeres, fueron expulsadas del sistema y sus pensiones perdieron un 10% de su valor real. 

La privatización del sistema de seguridad social argentino ocurrió en 1993 en un contexto de auge de las políticas neoliberales, impulsadas por el FMI y el Banco Mundial, que han implicado la limitación del goce de derechos sociales y culturales como la educación, la salud y la seguridad social. Chile fue un país pionero en la implementación de las políticas privatizadoras y otros 29 países siguieron su modelo. El resultado de estas privatizaciones fue negativo. Según la Organización Internacional del Trabajo, de los 30 países que privatizaron sus sistemas de pensiones, 18 lo revirtieron por sus malos resultados. 

Magdalena Sepúlveda Carmona, directora ejecutiva de GI-ESCR, afirma respecto del caso argentino:

"Este caso argentino hace evidente cómo la privatización del sistema de protección social, que Chile llevó acabo en los 80s, es excepcional y desprotege el derechos a la seguridad social de la población. De los pocos países que siguieron el ejemplo de Chile, la mayoría han logrado exitosamente volver a un sistema público, que es el que tiene la gran mayoría de los países del mundo. La experiencia de Argentina nos demuestra que las empresas buscan privilegiar el lucro de sus accionistas sobre el bienestar de la población al momento de jubirlarse, pero la buena noticia es que es posible revertir esta situación”.

La importancia de este caso radica en que se trata del primer caso en el que se dictará un laudo respecto de la decisión de un país de revertir la privatización de su sistema de pensiones. Lo que se resuelva puede sentar un precedente importante para los otros casos en curso o para futuras solicitudes de arbitraje internacional.

Las organizaciones que presentaron este recurso son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD, Project on Organization, Development, Education and Research (PODER), European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Center for Economic and Social Rights (CESR) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR por sus siglas en inglés).