Sindicatos y organizaciones de la sociedad civil buscan incluir los servicios públicos en la nueva constitución de Chile

Los servicios públicos son cruciales para asegurar en la práctica que las todas personas puedan ejercer y disfrutar sus derechos económicos, sociales y culturales. El ejemplo más evidente de esto han sido la respuesta de los servicios de salud pública y las campañas de vacunación durante la pandemia de covid-19. Por este motivo, GI-ESCR convocó a diversas organizaciones sociales y sindicatos para diseñar una estrategia de incidencia que les permita llevar la discusión sobre los servicios públicos al debate para la elaboración de la nueva Constitución de Chile.

El cabildo de la sociedad civil por los servicios públicos, que se realizó en el Museo de la Educación en Santiago de Chile, fue organizada por la Internacional de Servicios Públicos y la plataforma La Constitución es Nuestra, conformada por GI-ESCR, Ciudadanía Inteligente y Consti Tu Yo. Al encuentro asistieron representantes de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de usuarios de servicios públicos, entre ellas la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), Amnistía Internacional, Educación 2020 y la Asociación de Familiares y Amigos de Prematuros.

Valentina Contreras, representante en Chile de GI-ESCR, explicó la importancia de incluir los servicios públicos en el debate constituyente:

"Los servicios públicos están a la base de los derechos sociales porque son la puerta que conecta a las personas con sus derechos. En este sentido, los servicios públicos de calidad generan valor público puro, en la medida que garantizan, en la práctica, los derechos humanos. Por esto es crucial que la nueva Constitución incluya explícitamente la obligación principal del Estado de proveer servicios públicos universales, de calidad y con financiamiento de largo plazo, si realmente se quieren tomar los derechos sociales en serio".

Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para el Conosur, destacó el valor que tuvo este encuentro:

“Para nosotros es fundamental la actividad que se realizó con la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales porque no solo tuvimos la oportunidad de escuchar a quienes trabajan en los servicios públicos, sino que también a los usuarios y usuarias de servicios públicos. Es tan importante conocer su opinión e intercambiar puntos de vista con un solo propósito común: poder incidir en la nueva Constitución y fortalecer los servicios públicos de manera integral y participativa”.

Natalia Henríquez, miembro de la Convención Constitucional, fue una de las participantes de este cabildo:

“Junto a trabajadores y trabajadoras y organizaciones de la sociedad civil reflexionamos sobre qué es lo que queremos para reflexionar qué es lo queremos de nuestros servicios públicos en esta nueva Constitución, teniendo presente también que son justamente, el ámbito de los derechos sociales donde los servicios públicos son mucho más sensibles e importantes”.