Chile: GI-ESCR y socios logran que la convención discuta y vote sobre servicios públicos, justicia fiscal y derechos sociales

La propuesta reunió más de 16.388 firmas, superando el umbral de 15.000 apoyos establecido por la Convención para que las iniciativas populares deban ser discutidas y votadas. Así, GI-ESCR y sus socios han asegurado que los servicios públicos universales y de calidad, así como una política fiscal justa y progresiva, estarán en el debate constitucional de las próximas semanas.

GI-ESCR jugó un rol clave en articular y movilizar una amplia coalición de organizaciones y sindicatos detrás de la propuesta, coordinando el Cabildo Ciudadano por los Servicios Públicos y la Red Ciudadana por la Justicia Tributaria y Fiscal, ambas instancias coordinadas por GI-ESCR. Entre ellas se encuentran la Internacional de Servicios Públicos (ISP) -organización internacional que agrupa a 700 sindicatos a nivel global, incluyendo a nueve del sector público en Chile como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD), la Asociación Nacional de Empleados de Impuestos Internos (ANEIICH),  la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile (AFIICH), la Confederación Nacional de Empleados Municipales de Chile (ASEMUCH), la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM), la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación Municipal de Chile (CONFEMUCH), la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), la Federación Nacional de Trabajadores de las Obras Sanitarias (FENATRAOS) y Ciudadanía Inteligente, entre otros. 

APOYO DE CONVENCIONALES CONSTITUYENTES

En paralelo, las organizaciones detrás de esta propuesta ingresaron a la Convención Constitucional la propuesta con el apoyo de 12 convencionales constituyentes pertenecientes a diversos sectores políticos.

La iniciativa es firmada por Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales); Camila Zárate; Natalia Henríquez e Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente); Aurora Delgado, Tatiana Urrutia, Giovanna Roa y Mariela Serey (Frente Amplio); Carolina Vilches y Gloria Alvarado (Movimientos Sociales Constituyentes); Malucha Pinto y María Trinidad Castillo (Colectivo Socialista).

LA IMPORTANCIA DE ESTA INICIATIVA

Las entidades impulsoras de esta iniciativa afirman que los servicios públicos son fundamentales para enfrentar los desafíos colectivos y satisfacer las necesidades mínimas para una vida digna, como educación, salud y cuidados, vivienda, agua  y pensiones, entre otros. Para que los servicios públicos cumplan su rol, es vital que sean universales, capaces de mejorar y adaptarse a las necesidades locales, sean de calidad y que tengan financiamiento de largo plazo. Esto implica que la política fiscal, esto es la forma en que el Estado recauda e invierte sus recursos, tenga como uno de sus objetivos sustentar estos servicios y hacerlo de manera progresiva, donde quienes tienen más pongan más. 

Para eso, las organizaciones firmantes plantean que la nueva Constitución debe establecer una serie de principios para una política fiscal justa y progresiva, entre ellos la obligación de que las personas y las empresas contribuyan de acuerdo a sus capacidades, así como mayores estándares de transparencia y control ciudadano. 

“La verdad es que sin servicios públicos fuertes y sin recursos públicos, es imposible garantizar los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Con esta iniciativa popular buscamos que el reconocimiento de los derechos fundamentales no se quede en letra muerta.”, dice Rodrigo Echecopar director de estrategia e incidencia de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.