La propuesta de GI-ESCR y socios sobre servicios públicos logró llegar al borrador de nueva constitución de Chile

La propuesta de GI-ESCR y socios sobre servicios públicos logró llegar al borrador de nueva constitución de Chile

Tras cuatro meses de intenso trabajo, la propuesta normativa sobre servicios públicos universales y de calidad presentada por el equipo Chile de GI-ESCR y sus socios locales, fue incluida finalmente en el borrador de nueva Constitución el 12 de Abril.

El texto, inicialmente presentado como iniciativa popular de norma por GI-ESCR, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y numerosos sindicatos del sector público y organizaciones de la sociedad civil de Chile, buscaba incorporar un deber prioritario del Estado de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a través de servicios públicos gestionados democráticamente, financiados a largo plazo y no regresivos, basándose en el contenido del Manifiesto Global por los Servicios Públicos.

La propuesta, que fue presentada anteriormente en la Comisión de Forma de Estado y en la Comisión de Medio Ambiente, fue aprobada por el Pleno de la Convención Constitucional por 144 votos de un total de 154. Esto significa que el articulado sobre servicios públicos universales y de calidad se convirtió en parte integrante del borrador de nueva Constitución que los pueblos de Chile deberán votar en el plebiscito de salida de Septiembre próximo.

En su introducción al Plenario, Claudio Gómez, Coordinador de la Comisión de Forma de Estado, resaltó el artículo señalando que éste “recupera para la tradición constitucional chilena un concepto clave para un Estado garante de derechos sociales, que se traduce en financiamiento estable y suficiente para implementar servicios públicos de calidad y universales”.

Sin embargo, aún hay trabajo que hacer. La propuesta sobre política fiscal no fue completamente recibida por la Comisión de Forma de Estado, la que envió un informe al Pleno sin mención alguna sobre el deber del Estado de promover un sistema financiero internacional socialmente justo, el rol de la política fiscal en el enfrentamiento de la crisis climática y el deber de todas las personas de contribuir al sistema tributario según su capacidad contributiva. El Pleno rechazó la propuesta de la Comisión, lo que implica que aún quedan espacios para reponer la iniciativa popular de la coalición dentro del debate.

Esta propuesta, que también se inspira en los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, es parte de nuestro trabajo en Chile donde –según nuestro Plan Estratégico– buscamos reforzar la capacidad de los marcos institucionales nacionales para hacer frente de manera efectiva a las injusticias sociales y económicas.

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