Un nuevo pacto fiscal desde América Latina para una transición verde y justa

Un nuevo pacto fiscal desde América Latina para una transición verde y justa

En el contexto de la novena edición de la Cumbre de las Américas que se está llevando a cabo ésta semana en Estados Unidos, se presenta la oportunidad que distintos países de latinoamérica puedan construir una posición coordinada en lo que respecta a reglas de tributación internacional. Se trata de un primer hito donde diversos Estados de la región podrían articular una posición común para transitar hacia una economía basada en los derechos humanos, la sustentabilidad ambiental y la justicia fiscal para reducir la pobreza y las desigualdades. La Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), en conjunto con la Internacional de Servicios Públicos (ISP), el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) y La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) decidieron realizar una declaración conjunta en pos del fortalecimiento de la postura regional, en torno a una serie de medidas.

Latinoamérica y el Caribe viven tiempos convulsionados e inciertos. A la pandemia del COVID-19, se suman otras crisis globales que ponen en riesgo la estabilidad democrática y los derechos humanos de los habitantes de la región, tales como la emergencia climática y niveles crecientes de desigualdad socioeconómica. La desigualdad de riqueza y rentas en la región también ha debilitado la capacidad de reacción de muchos de los países ante este escenario de doble crisis, en gran medida alimentada por un vacío histórico en las reformas fiscales. 

 Lo anterior, dado que los sistemas fiscales de los países latinoamericanos han estado al servicio de intereses económicos de élites y de los más poderosos, imposibilitando la reducción de la desigualdad, e impidiendo contar con recursos públicos suficientes. Así, el desafío de reducir las desigualdades para asegurar derechos económicos, sociales, laborales, culturales y ambientales y el tránsito hacia una economía baja en carbono, requieren de una estructura fiscal internacional que se tome en serio el combate a los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión,  además de abordar la tributación de la riqueza y el capital con la implementación de políticas fiscales progresivas, verdes y con enfoque de género que protejan al planeta y el futuro de las nuevas generaciones. 

 En este sentido, la directora ejecutiva de La Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Magdalena Sepúlveda, sostiene que “ante la emergencia climática, América Latina no se puede dar el lujo de postergar este tema. Cada año la región pierde miles de millones de dólares que son claves para abordar una transición ecológica justa y con perspectiva de género”.

 Por su parte, el representante para las Américas de la Internacional de Servicios Públicos, Jocelio Drummond, comenta que “si queremos servicios públicos de calidad que garanticen derechos básicos de ciudadanía, necesitamos de recursos suficientes,  y por tanto,  es totalmente inaceptable que las grandes empresas transnacionales no paguen los impuestos que les corresponden. Hay que acabar con el manejo que hacen de sus ganancias a través de paraísos fiscales, perjudicando a todos/as nosotros/as”. 

 Es en este contexto que La Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), en conjunto con Fundar, DeJusticia, CELS, CESR, INESC y ACIJ, proponen una serie de medidas en pos del fortalecimiento de la postura regional:

            •   No dar por concluido el modelo de tributación de grandes corporaciones. Para poder elevar el mínimo global del 15% al 25% y no poner trabas a la posibilidad de aplicar medidas nacionales frente a los gigantes tecnológicos, es necesario apoyar un Convenio Tributario dentro del marco de las Naciones Unidas que permita profundizar reformas que busquen una mayor equidad en el diseño final del sistema tributario global, para detener de manera efectiva la erosión de las bases imponibles y el desplazamiento de beneficios. 
            •  Abordar una tributación de la riqueza tanto con impuestos de solidaridad como recurrentes, que frene la híper concentración de la riqueza y los beneficios extraordinarios y desproporcionados de algunos sectores. 
            •   Enfrentar el secreto financiero a través de la implementación de un Registro Global de Activos que vincule todos los activos con las personas que realmente controlan la riqueza (propietarios efectivos). 

El impulso de estas medidas a través de una posición común de Latinoamérica y el Caribe es clave para transitar hacia una economía basada en los derechos humanos, la sustentabilidad ambiental y la justicia fiscal para reducir la pobreza y las desigualdades.