Contribuimos a la convocatoria de REDESCA sobre Justicia Climática y Derechos Humanos

El 11 de octubre, presentamos un informe a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH. La Relatoría invitó a actores interesados a presentar aportes y comentarios sobre los desafíos y las buenas prácticas en la respuesta a la emergencia climática.

Nuestra presentación tuvo como objetivo proporcionar información relevante sobre los marcos regulatorios y de políticas públicas para avanzar en una transición energética justa en base al estudio de las legislaciones de cuatro países clave para lograr la descarbonización en la región de América Latina: México, Chile, Colombia y Brasil.

El informe propone una serie de cuestiones clave que deben ser consideradas por los Estados en su planificación de políticas públicas para avanzar en una transición energética justa, desarrolladas progresivamente en el ámbito internacional en espacios ambientales y de derechos humanos, como la Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC o los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Estas consideraciones clave para la planificación de políticas públicas implican: (i) seguir un enfoque integral; (ii) seguir un enfoque de democratización energética; (iii) seguir un enfoque de derechos humanos; (iv) tener una perspectiva de género; (v) establecer el acceso equitativo a los recursos energéticos; (vi) garantizar el acceso a los servicios públicos, infraestructura y protección social; (vii) realizar la debida diligencia en derechos humanos; (viii) movilizar el máximo de los recursos disponibles; (ix) la transparencia y acceso a la información; (x) la participación significativa y efectiva; (xi) el acceso a mecanismos de rendición de cuentas y recursos efectivos; y (xii) la coherencia y coordinación interinstitucional.

Además, el informe analiza los desafíos y las buenas prácticas en: (i) el reconocimiento legal a nivel nacional del concepto de "transición justa"; (ii) el reconocimiento legal a nivel nacional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; (iii) la responsabilidad corporativa y las prácticas de debida diligencia; (iv) la evaluación de impacto ambiental y social; (v) la financiación adecuada; y (vi) el acceso a la información, la participación y la rendición de cuentas.

Finalmente, con base en los desafíos y buenas prácticas identificados, el informe propone una serie de recomendaciones para avanzar en una transición energética con un enfoque basado en derechos humanos.

La presentación tuvo como objetivo contribuir a un estudio oportuno sobre derechos humanos y justicia climática en América Latina que ayudará a ampliar y aclarar las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. Aplaudimos los esfuerzos de la REDESCA por abordar este tema urgente.

Puede leer la presentación aquí: