En el marco del actual Debate General de la 79ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, numerosos Jefes de Estado y de Gobierno han respaldado explícitamente el avance hacia reformas fiscales progresivas a escala mundial. Este amplio apoyo marca otro hito distintivo en los actuales cambios en la narrativa sobre la relación entre fiscalidad y derechos humanos, subrayando la existencia de un momentum político propicio para impulsar la promulgación de iniciativas fiscales innovadoras y progresivas que puedan redistribuir las cargas fiscales de una manera más justa y sostenible.
A nivel multilateral, esto es especialmente relevante en el contexto de la reciente adopción del Pacto del Futuro, un documento que pretende marcar el camino hacia un mundo igualitario, justo, pacífico y ambientalmente sostenible abordando las deficiencias del multilateralismo y de las instituciones internacionales. El texto final del Pacto ordena la promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz, alineada con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), permitiendo a los Estados movilizar sus recursos nacionales. El compromiso activo con las negociaciones en curso para una futura Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional también se determinó como crucial para cumplir con tales propósitos.
En línea con estas iniciativas, varios líderes políticos de alto nivel han aprovechado la plataforma global que ofrece el Debate General de la Asamblea General para incluir en sus discursos referencias directas a la necesidad de avanzar en las reformas de la arquitectura financiera internacional, combatir los flujos financieros ilícitos y avanzar hacia una tributación efectiva de las personas con alto patrimonios neto, entre otras propuestas fiscales progresistas -incluyendo aquellas relacionada a financiamiento climático-.
Los líderes de los Estados latinoamericanos en la Plataforma Fiscal para América Latina y el Caribe (PTLAC), en la que el GI-ESCR es miembro activo del Consejo Permanente de la Sociedad Civil, defendieron la inclusión de esta agenda durante sus discursos en la Asamblea General. El Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, destacó las “condiciones prohibitivas” a las que se enfrentan los países de renta media y baja para acceder a los recursos financieros, a menudo constreñidos por una deuda insalvable, lo que limita “el espacio fiscal para invertir en salud, educación, reducción de las desigualdades y lucha contra el cambio climático”. Señaló además que “mientras los Objetivos de Desarrollo Sostenible se quedan atrás, las 150 mayores empresas del mundo obtuvieron en conjunto 1,8 billones de dólares de beneficios en los últimos dos años” y que “la riqueza de los 5 mayores multimillonarios se ha más que duplicado, mientras que el 60% de la humanidad se ha empobrecido”. Lula hizo un llamamiento a la cooperación internacional para establecer un estandar global mínimo para la tributación de las personas con patrimonios alto patrimonio neto, señalando que “los superricos pagan proporcionalmente muchos menos impuestos que la clase trabajadora”.
El Presidente de Chile, Gabriel Boric, cuyo país ostenta la presidencia pro tempore de la PTLAC, reafirmó el apoyo de Chile a las negociaciones sobre una futura Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. Destacó que este marco podría abordar “la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y las desigualdades en la recaudación de impuestos”» y contribuir a crear un “sistema fiscal mundial más transparente e inclusivo”. Tal sistema, señaló Boric, financiaría los esfuerzos para combatir la crisis climática y garantizaría que tanto los Estados como las grandes empresas transnacionales rindan cuentas y contribuyan de forma justa a los países de los que obtienen su riqueza.
Por su parte, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso el foco en los astronómicos niveles de desigualdad socioeconómica a nivel mundial, destacando que el 1% más rico controla más del 95% de la riqueza que posee el resto de la humanidad junta. En ese sentido, Petro se refirió al grado diferencial de contribución y responsabilidad que este grupo tiene en relación con la crisis climática, afirmando que existen intereses contrapuestos entre sus fuentes de riqueza -petróleo y carbono- y la necesidad de una eliminación efectiva de la dependencia de los combustibles fósiles en el contexto de una transición climática justa.
No sólo los países latinoamericanos defendieron reformas fiscales progresivas a escala mundial. Los Estados africanos, responsables de promover la resolución que abrió la posibilidad de una futura Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, también han introducido esta agenda a lo largo de algunas de las declaraciones de sus líderes en la Asamblea General. En particular, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, instó a la comunidad internacional a “hacer operativos los instrumentos acordados de financiación y creación de capacidad en materia climática para avanzar en la mitigación y la adaptación”. Ramaphosa hizo hincapié en la necesidad de cerrar la brecha de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afirmando que “perseguir el desarrollo sostenible requiere que los que tienen recursos apoyen a quienes no los tienen”.
De cara a la presidencia sudafricana del G20 en 2025, Ramaphosa se comprometió a utilizar esta plataforma para abogar por África y el Sur global. También apoyó los llamamientos a reformar el sistema financiero mundial para ayudar a los países en desarrollo a “salir de las arenas movedizas de la deuda”.
The elections for the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) have been announced for 9 April 2024, and the deadline for nominations of candidates is 23 November 2023.
As you know, the CESCR is the monitoring body for the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), which promotes and protects international economic, social and cultural rights. The CESCR comprises 18 independent experts elected by States Parties to the ICESCR.
Half of the current members of the CESCR will finish their terms as Committee members on 31 December 2024. Therefore, there are 9 seats up for election. The seats are distributed between the geographical regions. Accordingly, at this election, there are 2 Africa seats, 2 Asia seats, 2 Eastern Europe seats, 2 Western Europe & other seats, and 1 Latin American & Caribbean seat.
Whilst nominations can only be made by States, civil society actors can make suggestions to their Government about suitable candidates. The CESCR is only as strong as its membership, so it is crucial to ensure that ideal candidates are nominated and elected. Civil society organisations should play a key role in reinforcing the effectiveness of the CESCR by proposing the most qualified and suitable independent experts for the protection and promotion of ESCR. Therefore, we encourage them to identify strong, independent candidates for nominations to the CESCR.
Currently, there are just 6 women on the CESCR; hence, we strongly suggest that civil society actors identify qualified female candidates. Further, the independence of members is sometimes missing, which has serious adverse implications for the work of the CESCR. Therefore, we encourage the civil society movement to advocate for nominating candidates independent of their State.
For further details, please refer to this link:
https://www.ohchr.org/en/events/events/2024/committee-economic-social-and-cultural-rights-2024-elections.
Entre el 4 y el 7 de marzo de 2024 (fechas por confirmar), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales llevará a cabo su 74° pre sesión del Grupo de Trabajo. En esta reunión, el Comité adoptará las Listas de Cuestiones para las próximas revisiones de los informes periódicos de Angola, Georgia (anexo), México (16 anexos), Namibia, Pakistán y Sierra Leona.
Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos pueden participar en la selección de temas, ya sea mediante presentaciones escritas o sesiones informativas informales. Las presentaciones por escrito y las solicitudes de sesiones informativas informales sobre las Listas de Cuestiones deben realizarse a través del sistema de presentación en línea del Comité en una fecha que el Comité definirá más adelante durante el año.
Para obtener más información sobre la participación, comuníquese con la secretaría en
74.º período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 25 de septiembre - 13 de octubre de 2023
En esta oportunidad, el Comité estará revisando los informes presentados por los siguientes Estados:
* Armenia
* Brasil
* Chad
* Francia
* Katar
* Estado de Palestina.
Las partes interesadas a nivel nacional pueden participar en el proceso de revisión, ya sea a través de presentaciones por escrito o sesiones informativas informales con el CESCR. La fecha límite de presentación de la Sociedad Civil y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) será a mediados de agosto, seis semanas antes de la sesión.
Los informes alternativos deben enviarse a través del sistema de envío en línea del Comité antes del 28 de agosto de 2023. Las partes interesadas también podrán solicitar al Comité que celebre sesiones informativas informales a través del sistema de envío antes del 28 de agosto de 2023.
Durante la sesión, el CDESC también dará seguimiento a sus observaciones a:
* Bosnia y Herzegovina
* Finlandia
* Letonia
La sociedad civil y las INDH también están invitadas a participar en este paso de la revisión mediante la presentación de informes alternativos al sistema de presentación antes del 28 de agosto de 2023.
Si necesita más información sobre las presentaciones o para organizar una reunión informal, comuníquese directamente con la Secretaría del CESCR en:
73.º período de sesiones del Grupo de Trabajo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 16 - 20 de octubre de 2023
Después de la 74.ª sesión, entre el 16 y el 20 de octubre de 2023, el Comité DESC llevará a cabo su 73.ª reunión del Grupo de trabajo previo al período de sesiones. En esta reunión, el CDESC adoptará las Listas de Cuestiones para las próximas revisiones de los siguientes Estados:
* Colombia
* República Democrática Popular Lao
* Países Bajos
* Federación Rusa
* Uruguay
* Zimbabue
Las partes interesadas a nivel nacional pueden participar en la selección de temas, ya sea a través de presentaciones escritas o sesiones informativas informales. La fecha límite para las presentaciones de la sociedad civil y las INDH será a principios de agosto, diez semanas antes de la sesión. Las presentaciones por escrito y las solicitudes de sesiones informativas informales sobre las Listas de cuestiones deben realizarse a través del sistema de presentación en línea del Comité antes del 7 de agosto de 2023.
Para obtener más información sobre presentaciones y sesiones informativas informales, comuníquese con la Secretaría del CDESC en:
Unidos por un pacto fiscal
En el contexto de las discusiones en torno a la primera Cumbre Latinoamericana y del Caribe para una tributación global, inclusiva, sostenible y equitativa, GI-ESCR junto a sus socios de Tax Justice Network, la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, y Oxfam, lanzaron un informe titulado “Unidos por un pacto fiscal: construyendo una hoja de ruta para América Latina y el Caribe”.
El informe sostiene que se necesita un bloque latinoamericano cohesionado para enfrentar con mayor peso las negociaciones fiscales globales, así como un conjunto de políticas fiscales compartidas para superar las crisis de desigualdades y la emergencia climática que enfrenta la región.
La cooperación fiscal regional es esencial para responder ante el imperativo de crear un sistema fiscal internacional que haga frente a la competencia fiscal y aborde adecuadamente los desafíos de gravar la economía digital y las industrias extractivas en tiempos de crisis.
El informe reconoce el vínculo entre la política fiscal y las obligaciones internacionales de derechos humanos y utiliza este marco para recomendar una serie de propuestas en materia de cooperación regional y tributación internacional.
En particular, el informe destaca la necesidad de:
- Adoptar marcos constitucionales e institucionales sobre asuntos fiscales centrados en el cumplimiento de los derechos humanos.
- Establecer medidas de cooperación latinoamericana para tributación de la riqueza.
- Explorar alternativas de políticas tributarias tales como una tasa impositiva mínima efectiva implementada de forma coordinada y un marco unificado para los impuestos a los servicios digitales (ISD).
- Enfrentar el secreto financiero a través de la implementación de un registro regional de activos que vincule todos los activos con las personas que realmente controlan la riqueza (propietarios efectivos).
- Gravar a las industrias extractivas y los minerales de transición
- Coordinar sus esfuerzos en materia de tributación global Convención tributaria de Naciones Unidas que es el espacio democrático para la toma de decisiones, y en que los países latinoamericanos deben llevar posiciones unificadas que representen sus intereses.
Puedes acceder al reporte AQUI
GI-ESCR recibe con satisfacción el reciente anuncio de la revitalización del Grupo de Amigos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GFESCR) en las Naciones Unidas en Ginebra y felicita a Portugal por esta iniciativa. Durante más de 30 años, Portugal ha sido un campeón en la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales en la ONU. Lideran la resolución integral bianual sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en todas las naciones y participan en muchas otras iniciativas relacionadas con los DESC.
A la luz de la pandemia mundial en curso y las numerosas crisis que enfrentan las personas en todo el mundo, GI-ESCR ve este esfuerzo renovado para reactivar el GFESCR como un llamado oportuno a la necesidad urgente de que la comunidad internacional en su conjunto se comprometa con el valor de los derechos económicos, sociales. y derechos culturales. Dado que este año marca el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es fundamental reforzar la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos.
GI-ESCR se compromete a colaborar con GFESCR para fortalecer el derecho internacional de los derechos humanos y los procedimientos para combatir las injusticias sociales y económicas. Estamos convencidos de que juntos lograremos que se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas y que se logre la igualdad para todos.
El Grupo de Amigos de los DESC es una amplia asociación de Estados, agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, así como instituciones de la sociedad civil, que se han unido en torno a un compromiso compartido para promover los derechos económicos, sociales y culturales.
El 21 de junio, nuestra Directora Ejecutiva, Magdalena Sepúlveda, participó en un evento paralelo copatrocinado por la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional, FIAN International y el Consejo Mundial del Futuro sobre los Principios sobre los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras.
El evento convocó a expertos y activistas en derechos humanos y cambio climático para discutir una nueva herramienta de referencia legal histórica que desarrolla los estándares de derechos humanos para respetar, proteger y hacer realidad los derechos de las generaciones futuras. Como parte del Comité de Redacción, nuestro Director Ejecutivo compartió ideas clave sobre la estructura y la relevancia de esta herramienta para promover un futuro justo y sostenible para todos frente a la escalada de la emergencia climática.
El panel del evento paralelo estuvo compuesto por:
* Sébastien Duyck, Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL)
* Magdalena Sepúlveda Carmona, Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GIESCR)
* E. Marc Bichler, Misión Permanente del Gran Ducado de Luxemburgo
* Aoife Nolan, Consejo de Europa Comité Europeo de Derechos Sociales (TBC)
* Todd Howland, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Moderadora: Ana María Suárez-Franco, FIAN Internacional
Este evento es parte de los esfuerzos en curso para ampliar las fronteras del marco de derechos humanos para abordar las brechas en la protección legal que surgen de la emergencia climática. Puede leer la nota conceptual del evento aquí (en inglés):
Los días 25 y 26 de mayo, nuestra Directora Ejecutiva, Magdalena Sepúlveda, participó en el noveno Diálogo sobre Derechos Humanos de Glion (Glion IX), organizado por la República de Corea y el Universal Rights Group, en colaboración con las Misiones Permanentes de Marruecos, Fiyi y Tailandia.
El Diálogo de Glion sobre Derechos Humanos es un acto de alto nivel que reunió a unos 40 profesionales y pensadores de los derechos humanos. Se diseñó para proporcionar un espacio informal para el intercambio abierto, así como un pensamiento nuevo e innovador. El tema del Diálogo sobre Derechos Humanos de Glion 2023 fue "Tecnologías nuevas y emergentes al servicio de los derechos humanos y la democracia: ¿qué papel puede desempeñar el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos?".
Para más información, visite: https://www.universal-rights.org/
Nuestra presentación al ACNUDH se centró en las normas de derechos humanos del más alto nivel posible de salud física y mental en virtud del Derecho Internacional en el contexto del establecimiento y la regulación de los servicios sanitarios para el tratamiento de la drogodependencia.
Cuando los agentes privados prestan servicios relacionados con la salud, deben estar sujetos a normativas estrictas que les impongan las denominadas "obligaciones de servicio público".
Debe prohibirse a los proveedores privados de asistencia sanitaria que denieguen el acceso a servicios, tratamientos o información asequibles y adecuados. Esto significa que las normas existentes sobre el derecho a la salud deben aplicarse en el contexto de la participación de los agentes privados en el derecho a la salud.
Nuestra opinión es que el informe del ACNUDH debería recomendar que, en el contexto de las políticas sanitarias relacionadas con las drogas, concretamente las relativas al tratamiento de la drogodependencia, los Estados estén obligados a:
- Garantizar que todos los servicios de salud sean accesibles, culturalmente apropiados, de calidad, adecuadamente financiados, responsables y transparentes;
- Contar con marcos jurídicos y normativas bien desarrollados sobre los agentes privados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y el respeto de los derechos humanos de los consumidores de drogas;
- Supervisar estrictamente a todos los proveedores de asistencia sanitaria bajo su jurisdicción, incluidos los privados, para verificar que cumplen los requisitos normativos establecidos en los marcos jurídicos nacionales e internacionales, incluidos los derechos humanos de los consumidores de drogas.
Lea la presentación completa aquí.
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