Encabezamos discusiones sobre la hoja de ruta hacia la 4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo

El 18 de octubre de 2024 GI-ESCR participó en una conferencia virtual titulada “Justicia social, justicia fiscal y arquitectura financiera internacional: Hacia la FFD 4 en Sevilla”. Este evento, coorganizado con organizaciones que forman parte de la Coalición Global para los Pisos de Protección Social, se centró en el papel fundamental que se espera que desempeñe la FFD 4 (que tendrá lugar del 30 de junio al 3 de julio de 2025 en Sevilla, España) con respecto a la promoción de las iniciativas de justicia social y fiscal que se están debatiendo actualmente a nivel multilateral, sumadas a la creciente conversación existente en torno a reformas de la arquitectura financiera internacional.

Nuestro Oficial Asociado de Programa en Justicia Económica, Ezequiel Steuermann, fue uno de los panelistas en este evento virtual, al que asistieron diversas organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, y miembros de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, entre el público en general. Ezequiel centró su intervención en la necesidad de que la FFD 4 aproveche el impulso actual en torno a los debates globales sobre reformas fiscales progresivas, sirviendo de plataforma unificada para adentrarse en las iniciativas paralelas que existen de modo simultáneo, y explorar posibles puentes y sinergias entre ellas. Ejemplos de estas incipientes reformas multilaterales son la futura Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, la propuesta del G20 sobre un estándar mínimo global para la tributación de individuos con alto patrimonio neto, y el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG) sobre Financiación Climática que se determinará de forma inminente en la COP 29 de Azerbaiyán, el próximo mes de noviembre.

En un contexto de rechazo al multilateralismo en varias partes del mundo, Ezequiel exploró la intersección entre el creciente descontento con los sistemas democráticos y las restricciones presupuestarias que la mayoría de los países enfrentan cuando se ven desafiados a proveer servicios públicos oportunos y de calidad, con un innegable impacto en los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. En ese sentido, las reformas fiscales progresivas apuntan a ampliar el espacio fiscal con el que cuentan los Estados para financiar efectivamente las políticas públicas transformadoras que se requieren para atender las demandas de la triple crisis interdisciplinaria: reducir la pobreza y la desigualdad, combatir la emergencia climática mediante la implementación de medidas de adaptación y mitigación, y garantizar el acceso a servicios públicos de educación y salud oportunos y de calidad para las y los más vulnerables, entre otros desafíos urgentes. Aumentar los ingresos públicos asegurando que los más ricos paguen la parte que les corresponde se convierte, por tanto, en un imperativo creciente a fin de ampliar la cantidad de recursos disponibles que tienen los estados para garantizar activamente el respeto de los derechos humanos a través de sus decisiones políticas y su posterior implementación.

Puede ver el evento aquí.