GI-ESCR's representative in Chile participated in a discussion about Chile's constitutional process (ES)
GI-ESCR's representative in Chile participated in a discussion about Chile's constitutional process (ES)
El pasado miércoles 11 de noviembre de 2022, la representante en Chile de GIESCR, Valentina Contreras, fue invitada por Amnistía Internacional Argentina a la charla “La Continuidad del proceso constituyente en Chile: desafíos y lecciones aprendidas”.
En la ocasión, además participaron Julieta Suarez-Cao, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile y Gabriel Puricelli, miembro de la comisión directiva de Amnistía Internacional Argentina. El panel fue moderado por Mariela Belski, directora ejecutiva de esta última organización.
Valentina estuvo a cargo de comentar cómo se sigue tras el éxito de la opción rechazo en el plebiscito de salida, qué escenarios o alternativas se abrieron y cómo continúa el proceso. Hoy, a más de 96 días de negociación política, el escenario de incertidumbre planteado en esa oportunidad cambió y Chile ya alcanzó un nuevo acuerdo para avanzar en el proceso constitucional.
Este acuerdo se construye sobre 12 bases que dan continuidad al proceso de una nueva Constitución para Chile. Respecto de los derechos sociales, estas bases establecen que la soberanía de Chile tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. Además, establece que Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, a través de instituciones estatales y privadas. Por último, estas bases sostienen que Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre muchos otros.
En cuanto al funcionamiento del proceso, el acuerdo suscrito recientemente este 12 de diciembre, contempla un proceso mixto: un nuevo órgano redactor llamado Consejo Constitucional, un Comité de Expertos y un Comité Técnico de Admisibilidad. El Consejo Constitucional será el órgano redactor, integrado por 50 consejeros constitucionales, 100% electos por la ciudadanía con voto obligatorio en abril de 2023 con criterios de paridad. El Comité de Expertos tendrá 24 integrantes, 12 electos por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados, y su función principal será elaborar un anteproyecto, que luego será discutido por el Consejo Constitucional. Los miembros del Comité de Expertos podrán después integrar al Consejo Constitucional, con derecho a voz. Por último, el Comité Técnico de Admisibilidad estará compuesto por 14 juristas de renombre, quienes estarán a cargo de velar porque las normas aprobadas no sean contrarias a las bases institucionales.
En la charla, la Representante en Chile de GI-ESCR también destacó la labor desarrollada por la organización durante el proceso constituyente de 2022, en particular a partir de la experiencia de haber presentado y defendido una iniciativa popular de norma que quedó consagrada en el texto final, y de la campaña informativa desarrollada previo al plebiscito de salida junto al proyecto La Constitución es Nuestra.
En la oportunidad, Valentina señaló que, si bien el texto constitucional referendado en septiembre fue quizás muy ambicioso en la forma de plantear ciertas temáticas que no resonaron en toda la población chilena, en cuanto a los derechos sociales éste sí incorporaba novedades como, por ejemplo, la incorporación de servicios públicos universales y de calidad, políticas fiscales justas y progresivas, además de la justiciabilidad, como mecanismos destinados a la garantía de los DESCA. Añadió además que “como ninguna constitución es perfecta, el texto rechazado planteaba aún desafíos importantes como la introducción de un estándar de vida adecuado, la regulación holística y general de los derechos culturales y la unificación de las estructuras institucionales destinadas a la satisfacción de los derechos sociales”.
Éstos y otros desafíos retoman su vigencia con el nuevo proceso, y desde la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) seguiremos participando en este proceso, en miras de avanzar en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos, en Chile y el mundo.