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Grupos de la sociedad civil celebran la desinversión de IFC de la cadena escolar

Grupos de la sociedad civil celebran la desinversión de IFC de la cadena escolar

Grupos de la sociedad civil celebran la desinversión de IFC de la cadena escolar con fines de lucro Bridge International Academies

 

La Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial ha desinvertido silenciosamente de las Nuevas Escuelas Globales, más conocida como Bridge International Academies (BIA), una cadena de escuelas con fines de lucro que opera en cuatro países africanos y en la India. La CFI ha invertido un total de US$13,5 millones en BIA desde 2014, con la intención de apoyar la expansión de la compañía a otros países. 

 

En respuesta, Anderson Miamen, Coordinador Nacional de la Coalición para la Transparencia y la Rendición de Cuentas en la Educación (COTAE) en Liberia, dijo: "Aplaudimos a la CFI y al Banco Mundial por este paso audaz, que debería haberse dado hace mucho tiempo. Este es un desarrollo extremadamente bienvenido y una victoria para los esfuerzos en curso de los activistas del derecho a la educación y otros para presionar por una mayor inversión en educación pública por parte de los gobiernos y los socios para el desarrollo en todo el mundo, especialmente en África. 

 

Nadia Daar, directora de la oficina de Oxfam Internacional en Washington DC, dijo: "Esta es una clara señal de que la CFI se está distanciando aún más de las inversiones que representan riesgos para los niños, las familias y los maestros, y socavan los sistemas de educación pública. La CFI también debería congelar permanentemente las inversiones en educación privada con fines de lucro. Esta desinversión debería ser una llamada de atención para otros financistas de escuelas con fines de lucro dirigidas a comunidades de bajos ingresos. El mensaje es claro: el modelo está roto y es dañino".

 

Salima Namusobya, Directora Ejecutiva de la Iniciativa de Derechos Económicos y Sociales de Uganda (ISER), dijo: "El modelo BIA y su implementación socavaron el derecho a la educación y el estado de derecho en Uganda. La desinversión de IFC se produce en un momento en que la mayoría de las escuelas de BIA han cerrado ya que su modelo con fines de lucro era insostenible, particularmente a raíz de COVID-19. Esperamos que otros inversores sigan su ejemplo".

 

La desinversión, que es inusual para la CFI, fue confirmada a través de una nota publicada el 9 de marzo. Se produce después de una serie de escándalos en torno a BIA y una serie de quejas graves al mecanismo independiente de rendición de cuentas de la CFI, el Ombudsman Asesor de Cumplimiento (CAO) con respecto a la inversión de la CFI en la empresa. Las denuncias en las quejas van desde violaciones de los derechos laborales, abuso sexual infantil que involucra al personal y estudiantes de BIA, y medidas inadecuadas de salud y seguridad que llevaron a la trágica muerte de un niño y la lesión de otro.

 

Esta desinversión también sigue al histórico anuncio de la CFI en 2020 de que congelaría todas las inversiones directas e indirectas en escuelas privadas K-12 de pago "en respuesta a las preocupaciones de las partes interesadas externas sobre el impacto de las escuelas privadas en la calidad y el acceso a la educación". Varias organizaciones, académicos y relatores especiales de la ONU han demostrado cómo estas escuelas profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas más pobres.

 

Las organizaciones de la sociedad civil están pidiendo a otros inversionistas de BIA que sigan el ejemplo de la CFI. También piden una pronta resolución de las quejas de CAO presentadas por las comunidades en Kenia, y que la CFI se asegure de salir de esta inversión de manera responsable. Su deber para con las familias y comunidades afectadas en Kenia no termina con esta desinversión, y la CFI debe trabajar para proporcionar un remedio efectivo según sea necesario. El brazo del sector público del Banco Mundial también debe intensificar y ampliar su apoyo a los países afectados por la inversión —Kenya, Liberia, Uganda, Nigeria y la India— para cumplir con sus obligaciones constitucionales de proporcionar educación pública gratuita y de calidad a todos los niños, en particular en las zonas desatendidas.

 

Notas para los editores

En 2018, grupos de la sociedad civil publicaron una carta abierta a los inversores en BIA, describiendo las preocupaciones e instándolos a dejar de apoyar. Desde entonces, se han destacado preocupaciones y escándalos adicionales en los medios de comunicación, incluida la muerte por electrocución de un niño en una escuela de BIA en Kenia, los principales recortes salariales de maestros en Liberia y Kenia durante COVID-19, y los cargos de fraude y robo presentados contra un ex director de Bridge en un cargo anterior.   

 

En 2019, más de 170 organizaciones de la sociedad civil de 64 países pidieron al Grupo del Banco Mundial que pusiera fin al apoyo a la educación privada con fines de lucro (2019)

 

En 2020, la CFI se comprometió a congelar las inversiones en escuelas K-12 con fines de lucro, en respuesta a las preocupaciones de la sociedad civil y el liderazgo de la congresista estadounidense Maxine Waters.  

 

Cambios de política recientes similares han incluido la decisión de la Alianza Mundial para la Educación en su Estrategia del Sector Privado de 2019 de prohibir la financiación para la prestación con fines de lucro de servicios educativos básicos, y una resolución de 2018 del Parlamento Europeo que declaró que la Unión Europea y sus Estados miembros no deben usar el dinero de la ayuda al desarrollo para financiar escuelas privadas comerciales.

 

 • Resumen de los casos de CAO sobre la inversión de IFC en BIA:

·       Caso BIA-01/Kenia: En abril de 2018, 10 padres y antiguos y actuales maestros de BIA presentaron una queja destacando los impactos negativos de BIA, especialmente en el derecho a la educación, la salud y la seguridad, y en los derechos laborales. En su Informe de Evaluación publicado en octubre de 2019, la CAO anunció su decisión de llevar a cabo una investigación de cumplimiento completa sobre la idoneidad de la debida diligencia y supervisión de la CFI de su participada. La investigación de cumplimiento está en curso.

 

·       Casos BIA-02/Kenya y BIA 03/Kenya: En junio de 2020, la CAO confirmó la aceptación de dos nuevos casos sobre BIA, presentados por los padres de dos niños que se electrocutaron mientras estaban en una escuela de BIA en Nairobi, Kenia. La electrocución causó la muerte de un niño y lesiones a otro. Los Demandantes y la Compañía acordaron participar en la resolución de disputas para tratar de llegar a un acuerdo mediado. El controvertido proceso de solución sigue en curso. 

 

·       Caso BIA-04/Kenia: En el curso de la investigación BIA-01/Kenia, el personal y los expertos de CAO viajaron a Nairobi en febrero de 2020. El equipo de investigación habló con miembros de la comunidad que expresaron su preocupación con respecto a los casos de abuso sexual infantil en las escuelas de Bridge.  En diciembre de 2020, la CAO concluyó en su informe de evaluación que existen "preocupaciones sustanciales con respecto a los resultados de protección y protección infantil de la inversión de IFC en Bridge considerando: (a) acusaciones específicas de abuso sexual infantil que involucran al personal y estudiantes de Bridge; b) los riesgos de protección y protección de los niños de las escuelas a la luz de su número, su alumnado (procedente de familias de bajos ingresos) y la corta edad de los estudiantes." La investigación de cumplimiento está en curso.

 

Contactos

Ashina Mtsumi en Nairobi (GI-ESCR) | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. +254 717 296 319

Salima Namusobya en Kampala (ISER) | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | +256 772 473929

Anderson Miamen en Monrovia (COTAE) | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | +231 88 681 8855

Annie Thériault en Washington (Oxfam) | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | +51 936 307 990

 

Avalado por:

1.   ActionAid

2.   Brazilian Campaign for the Right to Education

3.   Coalition for Transparency and Accountability in Education (Liberia)

4.   Coalition Education (France)

5.   Corporate Accountability and Public Participation Africa (Nigeria)

6.   École ensemble (Canada)

7.   Education for All Coalition Sierra Leone (Sierra Leone)

8.   Eurodad

9.   Global Campaign for Education

10.Global Campaign for Education-US

11.Global Justice Now

12.Global Initiative for Economic Social and Cultural Rights

13.Hakijamii - Economic and Social Rights Centre (Kenya)

14.Initiative for Social and Economic Rights (Uganda)

15.Justice & Empowerment Initiatives (Nigeria)

16.National Education Union (UK)

17.Oxfam

18.RESULTS

19.Right to Education Initiative

20.RTE Forum (India)

21.World Organisation for Early Childhood Education-OMEP

22.Solidarité Laïque (France)

 

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Climate and Environmental Justice

We have advanced rights-based and gender-transformative transition frameworks through research that centres the lived experiences of women and marginalised communities on the frontlines of extractive energy policies, promoting climate and energy frameworks attentive to the social and care-related impacts of transition pathways. We have developed a clear vision for a gender-just transition, firmly rooted in gender and human rights norms, establishing both the legal basis and the direction for the transformative changes our planet and societies urgently need. In particular, the ‘Guiding Principles for Gender Equality and Human Rights in the Energy Transition’, a collective effort built through online consultations, an in-person workshop and multiple rounds of revision with activists, practitioners and experts from around the world, outline a transformative vision for reshaping global energy systems through a human rights and gender equality lens.

Our work recognises that the climate emergency is both an existential threat and an opportunity to reimagine societies built on social, gender, economic and environmental justice. We ground our advocacy in feminist and intersectional principles, prioritising the agency and perspectives of communities in the Global South who have contributed the least to the climate emergency yet face its most devastating consequences. Central to our approach is the understanding that energy is not merely a commodity but a fundamental human right; essential for dignity, health, education, work and the realisation of countless other rights. We challenge approaches to the energy transition that risk replicating the harmful patterns of fossil fuel extraction and, instead, advocate for transformative policies that ensure human rights and gender equality as central to building climate-resilient societies rooted in dignity, justice and planetary well-being.

What's next?

We will continue to challenge approaches that treat energy transition as merely a technical shift, instead positioning it as an opportunity to reimagine economies and societies rooted in dignity for all, with particular attention to communities in the Global South who have contributed least to the climate emergency yet are most exposed to its worst effects.

We will connect community-level evidence and the lived experiences of those on the frontlines of extractive policies to national reform and global norm-setting, breaking down silos between human rights, gender, and climate movements, and advancing a shared vision that recognises just transitions as not only fundamental to achieving climate-resilient and sustainable societies, but as transformative pathways that advance social and gender equality, redistribute power and resources equitably, and ensure that energy systems serve the public good rather than profit.

We will mainstream rights-based and genderjust transition priorities in key multilateral spaces (particularly, within the Just Transition Work Programme and the to-be-developed Just Transition Mechanism, within the UNFCCC) to guarantee that just transitions are advanced at all levels.

We will also translate our work, through strategic advocacy, into at least two concrete policy wins, whether promoted, adopted, implemented, or scaled, in priority countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Colombia, South Africa, or Kenya), ensuring these policies align with human rights standards, centre gender equality, and reflect the needs and views of affected communities.

We will build momentum for the progressive recognition of the right to sustainable energy to shift dominant narratives away from purely extractive solutions that sideline gendered impacts, community participation, and Global South perspectives.

Economic Justice and Climate Finance

Our work has transformed the global discussion on fiscal policy in a more just, emancipatory and sustainable direction. Our approach has combined both high-level, expert contributions within decisionmaking circles, with bold, impactful work on narrative change with the general public.

We have been instrumental in the inclusion of human rights as a guiding principle of the future United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation, a multilateral instrument with the potential of raising approx. USD 492 billion per year in public revenues currently foregone to global tax abuse. In the process leading to the ‘Compromiso de Sevilla’ decided at FfD4, we proposed and succeeded in creating a specific human rights workstream within the Civil Society Financing for Development Mechanism, which was critical to ensure that explicit commitments on the matter were included in the negotiating outcome. In a context of cutbacks in multilateral institutions, we have amplified the capacities of technical experts, providing rigorous technical support and leveraging our influence to ensure the enactments of groundbreaking standard-setting instruments, such as the 2025 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights Statement on Fiscal Policy and Human Rights, and the first ex oficio hearing on the Inter-American Commission of Human Rights on Fiscal and Economic Policies to Address Poverty and Structural Inequality, leading to an upcoming thematic resolution on the matter. We have also bridged the silos between multilateral tax discussions and climate finance debates, promoting ambitious financing commitments to increase international and domestic resource mobilisation during COP 28, 29 and 30.

At the regional level, our engagement with fiscal cooperation platforms such as the Platform for Fiscal Cooperation of Latin America and the Caribbean (PTLAC), where we are member of its Civil Society Consultative Council, and the African Anti-IFFs Policy Tracker, for which we participated in the pilot mission in Ivory Coast together with Tax Justice Network Africa (TJNA), have been critical in cementing a growing engagement between tax administrations and ministries of finance with international legal experts, exploring actionable and transformative initiatives, such as the taxation of high-net-worth individuals, beneficial ownership registries and corporate countryby-country reports, to be implemented at the international level.

At the local level, our interventions in fiscal reform debates in Chile, Brazil, Colombia and Nigeria have contributed to shaping legislative outcomes in a more progressive, rights-compliant direction.

As for our leadership in narrative change, we have a measurable track record in delivering tailored, innovative campaigns which have decisively expanded economic justice constituencies by appealing to a broader tent. In Latin America and the Caribbean, we created the ‘Date Cuenta’ campaign, coordinating over 40 organisations across civil society to deliver plain language, innovative messaging connecting progressive fiscal reforms to the financing of health, education and social protection. ‘Date Cuenta’ generated over 55 original campaign messages that were tailored to the realities of seven priority countries (Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru and Honduras) and disseminated in Spanish, Portuguese and English. In doing so, we convened more than 65 online co-creation workshops with partners, coordinating a unified communications strategy which combined digital outreach, press and media coverage, and collaboration with influencers. Ultimately, ‘Date Cuenta’ resulted in more than 60,000 interactions on social media, coverage in major regional and international media outlets, including El País, Deutsche Welle, Bloomberg and France 24, and the participation of at least 63 social media influencers through 58 dedicated publications. In collaboration with Fundación Gabo and the Friedrich Ebert Stiftung, we also organised a two-day workshop in Bogota with 20 journalists from 13 countries, building a regional network trained in a human rights-based approach to fiscal policy that has since generated published media coverage on outlets such as La Diaria, Ciper, El Diario Ar and Milenio. Through ‘Date Cuenta’ and our regional advocacy, we strengthened civil society engagement in key processes, including the Financing for Development track and FfD4, co-organised highlevel dialogues with states and civil society from Latin America and Africa.

What's next?

We will shape the UN Tax Convention and its Protocols so they embed human rights principles, and we will stay engaged through follow-up processes (including the expected Conference of the Parties) to support effective implementation. We will keep linking tax and climate finance so that new resources mobilised through fiscal cooperation are channelled to adaptation, mitigation, and loss and damage, in line with UNFCCC commitments.

Public Services for Care Societies

We have translated participatory research into accountability and policy outcomes.

In Ivory Coast, our work with Mouvement Ivoirien des Droits Humains and affected communities since 2023 exposed how privatisation and lack of accountability restrict access to quality healthcare. It contributed to the closure of 1,022 illegal private health centres, an executive instrument strengthening the regulation of private hospitals across the country, and the creation of a permanent complaints management committee in healthcare through a bylaw issued by the prefect of Gagnoa. Partners engaged through this process also advanced concrete improvements at facility level: members of the Gagnoa Midwives Association who took part in the participatory action research pooled resources to renovate the neonatal unit of the Regional Hospital, and the Director of the Gagnoa General Hospital launched an action plan to expand services and improve patient reception, with the facility receiving the award for best hospital in the country in 2025.

In Kenya, our research with the Mathare Education Taskforce documented the absence of public schools and the expansion of private provision, evidencing impacts on households and caregivers and strengthening demands for free, quality public education. This work contributed to stronger community agency and collective organisation, alongside ongoing strategies ranging from communications to litigation to secure a public school in the area, some involving GI-ESCR and others led independently.

Across Africa, this work is complemented by a multi-country study examining the human rights implications of austerity in education and health, including how regressive fiscal policies, rising debt burdens and persistent underinvestment undermine the financing and delivery of public services.

In Latin America, from 29 November to 2 December 2021, over a thousand representatives from over one hundred countries, from grassroots movements, advocacy, human rights, and development organisations, feminist movements, trade unions, and other civil society organisations, met in Santiago, Chile, and virtually, to discuss the critical role of public services for our future. Following the meeting, the Santiago Declaration on Public Services was adopted to demand universal access to quality, gender-transformative and equitable public services as the foundation of a fair and just society.

We are currently advancing work on care systems, linking public services and fiscal justice through integrated research, advocacy and communications, including a regional campaign framing care as a collective responsibility requiring sustained public investment.

What's next?

In Ivory Coast, we will evaluate and strengthen the complaints management committee and position it as a replicable model for other health facilities. In Kenya, we will support the Mathare community to co-design a model public school for Mabatini and Ngei wards, grounded in human rights standards. Building on our multi-country austerity study, we will drive national advocacy on financing for education and health: advancing reforms in Ghana; launching a fiscal policy and public services financing agenda in Kenya through the CESCR process and targeted coalition work; and, in Nigeria, using the new tax acts in force since 1 January 2026 to catalyse a national accountability campaign for adequately funded, quality public services. In Latin America, we will amplify locally led care pilots across 8 countries and turn lessons into influence—advancing care policies that strengthen care organisations, protect care workers’ rights, support unpaid caregivers, include disability and family networks, and redistribute care more equitably.