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Proceso constituyente de chile concluye incorporando importantes aportes de GI-ESCR

Proceso constituyente de chile concluye incorporando importantes aportes de GI-ESCR

Proceso constituyente de chile concluye incorporando importantes aportes de GI-ESCR

 

En noviembre de 2019, Chile dio inicio a un proceso constituyente que dio cauce institucional al denominado “estallido social” que se hab?a dado inicio durante el mes previo. Desde las discusiones iniciales, este proceso mostr? rasgos progresistas, siendo la primera a nivel mundial que ser?a redactada con paridad, esca?os reservados para los pueblos originarios y participaci?n de listas de independientes.

Preparaci?n del proceso constituyente

En preparaci?n del proceso, la Iniciativa Global desarroll? una serie de actividades orientadas a promover los est?ndares internacionales de los derechos econ?micos, sociales, culturales y ambientales, entre las que se cuentan:

  1. Ciclo de conversatorios “Derecho sociales y proceso constituyente: (re)imaginando el Chile del siglo XXI” (6 agosto - 24 septiembre 2020)

  2. Lanzamiento publicaci?n GI-ESCR “TOPIC 11 | PUBLIC FINANCING OF PUBLIC SERVICES” (Noviembre 2020)

  3. Lanzamiento publicaci?n “Habitar en dignidad. Hacia el derecho a la vivienda en la Nueva Constituci?n” (Noviembre 2020)

  4. Lanzamiento publicaci?n “Constituyamos otra Educaci?n… Una mejor sociedad es posible” (Diciembre 2020)

  5. Lanzamiento campa?a “Compromiso por el Habitar en Dignidad. Lineamientos para el debate sobre el derecho a una vivienda adecuada” (Junio 2021)

  6. Lanzamiento plataforma “La Constituci?n es Nuestra” cuyo objetivo era conectar a la Convenci?n Constitucional con la ciudadan?a (16 agosto 2021)

 

Incidencia en la Convenci?n Constitucional

Instalada formalmente el 4 de julio de 2021, la Convenci?n Constitucional cont? con una serie de mecanismos de participaci?n ciudadana que fueron utilizados por el equipo dom?stico de la Iniciativa Global por los Derechos Econ?micos, Sociales y Culturales, junto a otros mecanismos de incidencia colectiva para promover la incorporaci?n tanto de los derechos econ?micos, sociales, culturales y ambientales, como de sus mecanismos de garant?a y el enfoque de g?nero, dentro del texto constitucional que se redactase. Dentro de estas actividades se encuentran: 

  1. Audiencia p?blica GI-ESCR en la comisi?n transitoria de derechos humanos (18 agosto 2021)

  2. Lanzamiento publicaci?n “Por un reglamento feminista” (4 julio 2021)

  3. Lanzamiento libro “Derechos sociales y el momento constituyente de Chile: Perspectivas globales y locales para el debate constitucional” (Septiembre 2021)

  4. Webinar “Mujeres y DESCA. Miradas desde la interseccionalidad” (9 septiembre 2021)

  5. Lanzamiento publicaci?n “Habitar en Dignidad. Propuestas Constitucionales” (23 septiembre 2021)

  6. Lanzamiento Manifiesto Global por los Servicios P?blicos (25 octubre 2021)

  7. Ciclo de di?logos “#SinRecursosNoHayDerechos” (7 octubre - 18 noviembre 2021)

  8. Creaci?n de la Red Ciudadana para la Justicia Fiscal y Tributaria en Chile (Noviembre 2021)

  9. Cabildo “Pol?tica Fiscal y Derechos Humanos” (1 diciembre 2021)

  10. Lanzamiento reporte “Propuestas para una justicia tributaria y fiscal en la nueva Constituci?n de Chile” (3 diciembre 2021)

  11. Cabildo abierto “Servicios P?blicos” (17 diciembre 2021)

  12. Lanzamiento publicaci?n “M?s que Juanitas. Garantizando derechos econ?micos, sociales, culturales y ambientales con enfoque de g?nero” (17 diciembre 2021)

  13. Jornada de creaci?n y revisi?n de propuesta de articulado y fusi?n en Iniciativa Popular de Norma conjunta entre pol?tica fiscal y servicios p?blicos (22 diciembre 2021)

  14. Presentaci?n de propuesta de Iniciativa Popular de Norma N? 18.202 “Servicios p?blicos universales y de calidad y pol?tica fiscal universal y justa para la garant?a de derechos sociales” (24 diciembre 2021)

  15. Campa?a de recolecci?n de firmas para Iniciativa Popular de Norma 18.202 (Febrero 2022)

  16. Exposici?n ante Comisi?n de Medio Ambiente y Modelo Econ?mico de la Convenci?n Constitucional (7 marzo 2022)

  17. Exposici?n ante Comisi?n de Forma de Estado de la Convenci?n Constitucional (14 marzo 2022)

  18. Seminario internacional “Servicios p?blicos universales y de calidad para el nuevo Chile” (26 y 27 de abril de 2022)

Importante resulta destacar que el mecanismo de Iniciativa Popular de Norma permiti? que GI-ESCR Chile –en conjunto con la Internacional de Servicios P?blicos y otros socios– por primera vez construyera contenido normativo preciso basado en el Manifiesto Global por los Servicios P?blicos y los Principios de Derechos Humanos en la Pol?tica Fiscal, y lo llevara a un espacio de toma de decisiones de rango constitucional por primera vez a nivel mundial. Esto requiri? un fuerte trabajo de campa?a e incidencia p?blica, para lograr el m?nimo apoyo popular de 15.000 firmas exigido por el reglamento de la Convenci?n Constitucional. El 1? de febrero de 2022, GI-ESCR Chile y sus socios locales consiguieron 16.388 firmas de apoyo, permitiendo ingresar la propuesta de articulado a la discusi?n de las comisiones de Medio Ambiente y Forma de Estado de la Convenci?n Constitucional. Ulteriormente, el texto propuesto por la coalici?n integrada por GI-ESCR Chile qued? expresamente recepcionado particularmente en los art?culos 176 y 185 de la propuesta constitucional presentada posteriormente a la comunidad de Chile.

El texto de la propuesta constitucional

La propuesta constitucional, que ha sido calificada internacionalmente como una de las m?s progresistas de la ?poca, consagr? apropiadamente un marco general de derechos sociales al: (i) incorporar el Estado Social de Derecho; (ii) introducir disposiciones sobre la interdependencia de todos los derechos humanos, la progresividad y no regresividad de los derechos sociales, los principios de igualdad sustantiva y de no discriminaci?n y la generaci?n de medidas afirmativas; (iii) ampliar el cat?logo derechos sociales, incluyendo derechos no considerados previamente (vivienda, agua, energ?a y cuidados entre otros) y ajustando el tratamiento de los ya considerados a los est?ndares internacionales de derechos humanos; (iv) introducir mecanismos de garant?a de los derechos sociales, como una pol?tica fiscal justa, servicios p?blicos universales y de calidad, y la justiciabilidad de estos derechos; y (v) el reconocimiento y regulaci?n de grupos tradicionalmente excluidos como mujeres; ni?os, ni?as y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y pueblos ind?genas, entre otros. Todos estos puntos se encuentran en el coraz?n de la agenda program?tica de GI-ESCR.

Precisamente por los avances significativos que la propuesta representaba en t?rminos de derechos sociales, GI-ESCR Chile uni? fuerzas con otras tres organizaciones de la sociedad civil (Amnist?a Internacional Chile, Ciudadan?a Inteligente y Fundaci?n Avina) para levantar una nueva etapa del proyecto “La Constituci?n es Nuestra”, cuyo objetivo fue promover el voto informado de las personas en Chile, a partir de la construcci?n de una metodolog?a para la evaluaci?n de los art?culos de la propuesta constitucional por parte de las organizaciones de la sociedad civil y academia nacional e internacional, bajo una agenda tem?tica de derechos humanos y de la naturaleza y fortalecimiento democr?tico. 

El contenido producido fue diseminado en diversos espacios y por diferentes canales en la sociedad chilena, alcanzando la plataforma digital, las redes sociales (Youtube, Instagram y Facebook) y actividades territoriales de contacto directo con grupos de personas en todas las regiones del pa?s.

Algunos de los resultados del alcance de este proyectos fueron:

  1. M?s de 40 organizaciones de la sociedad civil participaron de la aplicaci?n de la metodolog?a de evaluaci?n, entregando su opini?n sobre el texto final;

  2.  17 expertos/as a nivel internacional fueron convocados a evaluar normas de la propuesta constitucional chilena;

  3. M?s de 33.000 constituciones fueron impresas y distribuidas a lo largo del pa?s;

  4. M?s de 41.600 cartillas fueron impresas y entregadas al p?blico, las que inclu?an las evaluaciones de los 16 art?culos m?s importantes conforme a la agenda program?tica del proyecto;

  5. El sitio web recibi? m?s de 34 mil visitas ?nicas al contenido de las evaluaciones;

  6. Los voceros/as del proyecto tuvieron m?s de 24 apariciones en prensa de alcance nacional y regional;

  7. El video informativo de la Directora en Chile de GI-ESCR sobre el voto en el plebiscito tuvo m?s de 1,410,276 reproducciones;

  8. El equipo se despleg? territorialmente en m?s de 16 oportunidades para facilitar talleres tem?ticos con personas pertenecientes a comunidades tradicionalmente excluidas, como personas adultas mayores, personas en rehabilitaci?n de drogas y alcohol, personas de comunas en situaci?n de pobreza y personas con discapacidad mental, entre otras;

  9. Por ?ltimo, en alianza con otro proyecto denominado “Once Constituyente”, el proyecto despleg? material de las evaluaciones normativas en talleres desarrollados de Arica a Punta Arenas.

El plebiscito de salida

 El domingo 4 de septiembre de 2022, Chile enfrent? un plebiscito de salida, donde los ciudadanos deb?an votar por aprobar o rechazar la propuesta constitucional elaborada por la Convenci?n Constitucional. En la ocasi?n, y en medio de un complejo contexto de inflaci?n y aumento de la actividad delictual en el pa?s, el texto propuesto fue rechazado con un 61,86% de los votos, siendo aprobado s?lo por un 38,14% del padr?n electoral, que por primera vez en la historia de Chile inclu?a la inscripci?n autom?tica y el voto obligatorio.

Sin perjuicio del resultado electoral, desde la Iniciativa Global por los Derechos Econ?micos, Sociales y Culturales destacamos el gran ?xito que el trabajo realizado por nuestro equipo en Chile tuvo en la incidencia de los est?ndares internacionales de derechos humanos, particularmente en relaci?n con los derechos econ?micos, sociales, culturales y ambientales durante el proceso constituyente en Chile.

A?n en ausencia de un procedimiento claro para la continuaci?n del proceso de construcci?n de una nueva constituci?n para Chile, desde GI-ESCR ratificamos el compromiso institucional de promover los derechos econ?micos, sociales, culturales y ambientales en el futuro texto constitucional de Chile, consolidando as? nuestra misi?n de transformar las desigualdades econ?micas, sociales y de g?nero desde un lente de derecho humanos en las marcos institucionales del territorio de Chile.

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Climate and Environmental Justice

We have advanced rights-based and gender-transformative transition frameworks through research that centres the lived experiences of women and marginalised communities on the frontlines of extractive energy policies, promoting climate and energy frameworks attentive to the social and care-related impacts of transition pathways. We have developed a clear vision for a gender-just transition, firmly rooted in gender and human rights norms, establishing both the legal basis and the direction for the transformative changes our planet and societies urgently need. In particular, the ‘Guiding Principles for Gender Equality and Human Rights in the Energy Transition’, a collective effort built through online consultations, an in-person workshop and multiple rounds of revision with activists, practitioners and experts from around the world, outline a transformative vision for reshaping global energy systems through a human rights and gender equality lens.

Our work recognises that the climate emergency is both an existential threat and an opportunity to reimagine societies built on social, gender, economic and environmental justice. We ground our advocacy in feminist and intersectional principles, prioritising the agency and perspectives of communities in the Global South who have contributed the least to the climate emergency yet face its most devastating consequences. Central to our approach is the understanding that energy is not merely a commodity but a fundamental human right; essential for dignity, health, education, work and the realisation of countless other rights. We challenge approaches to the energy transition that risk replicating the harmful patterns of fossil fuel extraction and, instead, advocate for transformative policies that ensure human rights and gender equality as central to building climate-resilient societies rooted in dignity, justice and planetary well-being.

What's next?

We will continue to challenge approaches that treat energy transition as merely a technical shift, instead positioning it as an opportunity to reimagine economies and societies rooted in dignity for all, with particular attention to communities in the Global South who have contributed least to the climate emergency yet are most exposed to its worst effects.

We will connect community-level evidence and the lived experiences of those on the frontlines of extractive policies to national reform and global norm-setting, breaking down silos between human rights, gender, and climate movements, and advancing a shared vision that recognises just transitions as not only fundamental to achieving climate-resilient and sustainable societies, but as transformative pathways that advance social and gender equality, redistribute power and resources equitably, and ensure that energy systems serve the public good rather than profit.

We will mainstream rights-based and genderjust transition priorities in key multilateral spaces (particularly, within the Just Transition Work Programme and the to-be-developed Just Transition Mechanism, within the UNFCCC) to guarantee that just transitions are advanced at all levels.

We will also translate our work, through strategic advocacy, into at least two concrete policy wins, whether promoted, adopted, implemented, or scaled, in priority countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Colombia, South Africa, or Kenya), ensuring these policies align with human rights standards, centre gender equality, and reflect the needs and views of affected communities.

We will build momentum for the progressive recognition of the right to sustainable energy to shift dominant narratives away from purely extractive solutions that sideline gendered impacts, community participation, and Global South perspectives.

Economic Justice and Climate Finance

Our work has transformed the global discussion on fiscal policy in a more just, emancipatory and sustainable direction. Our approach has combined both high-level, expert contributions within decisionmaking circles, with bold, impactful work on narrative change with the general public.

We have been instrumental in the inclusion of human rights as a guiding principle of the future United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation, a multilateral instrument with the potential of raising approx. USD 492 billion per year in public revenues currently foregone to global tax abuse. In the process leading to the ‘Compromiso de Sevilla’ decided at FfD4, we proposed and succeeded in creating a specific human rights workstream within the Civil Society Financing for Development Mechanism, which was critical to ensure that explicit commitments on the matter were included in the negotiating outcome. In a context of cutbacks in multilateral institutions, we have amplified the capacities of technical experts, providing rigorous technical support and leveraging our influence to ensure the enactments of groundbreaking standard-setting instruments, such as the 2025 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights Statement on Fiscal Policy and Human Rights, and the first ex oficio hearing on the Inter-American Commission of Human Rights on Fiscal and Economic Policies to Address Poverty and Structural Inequality, leading to an upcoming thematic resolution on the matter. We have also bridged the silos between multilateral tax discussions and climate finance debates, promoting ambitious financing commitments to increase international and domestic resource mobilisation during COP 28, 29 and 30.

At the regional level, our engagement with fiscal cooperation platforms such as the Platform for Fiscal Cooperation of Latin America and the Caribbean (PTLAC), where we are member of its Civil Society Consultative Council, and the African Anti-IFFs Policy Tracker, for which we participated in the pilot mission in Ivory Coast together with Tax Justice Network Africa (TJNA), have been critical in cementing a growing engagement between tax administrations and ministries of finance with international legal experts, exploring actionable and transformative initiatives, such as the taxation of high-net-worth individuals, beneficial ownership registries and corporate countryby-country reports, to be implemented at the international level.

At the local level, our interventions in fiscal reform debates in Chile, Brazil, Colombia and Nigeria have contributed to shaping legislative outcomes in a more progressive, rights-compliant direction.

As for our leadership in narrative change, we have a measurable track record in delivering tailored, innovative campaigns which have decisively expanded economic justice constituencies by appealing to a broader tent. In Latin America and the Caribbean, we created the ‘Date Cuenta’ campaign, coordinating over 40 organisations across civil society to deliver plain language, innovative messaging connecting progressive fiscal reforms to the financing of health, education and social protection. ‘Date Cuenta’ generated over 55 original campaign messages that were tailored to the realities of seven priority countries (Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru and Honduras) and disseminated in Spanish, Portuguese and English. In doing so, we convened more than 65 online co-creation workshops with partners, coordinating a unified communications strategy which combined digital outreach, press and media coverage, and collaboration with influencers. Ultimately, ‘Date Cuenta’ resulted in more than 60,000 interactions on social media, coverage in major regional and international media outlets, including El País, Deutsche Welle, Bloomberg and France 24, and the participation of at least 63 social media influencers through 58 dedicated publications. In collaboration with Fundación Gabo and the Friedrich Ebert Stiftung, we also organised a two-day workshop in Bogota with 20 journalists from 13 countries, building a regional network trained in a human rights-based approach to fiscal policy that has since generated published media coverage on outlets such as La Diaria, Ciper, El Diario Ar and Milenio. Through ‘Date Cuenta’ and our regional advocacy, we strengthened civil society engagement in key processes, including the Financing for Development track and FfD4, co-organised highlevel dialogues with states and civil society from Latin America and Africa.

What's next?

We will shape the UN Tax Convention and its Protocols so they embed human rights principles, and we will stay engaged through follow-up processes (including the expected Conference of the Parties) to support effective implementation. We will keep linking tax and climate finance so that new resources mobilised through fiscal cooperation are channelled to adaptation, mitigation, and loss and damage, in line with UNFCCC commitments.

Public Services for Care Societies

We have translated participatory research into accountability and policy outcomes.

In Ivory Coast, our work with Mouvement Ivoirien des Droits Humains and affected communities since 2023 exposed how privatisation and lack of accountability restrict access to quality healthcare. It contributed to the closure of 1,022 illegal private health centres, an executive instrument strengthening the regulation of private hospitals across the country, and the creation of a permanent complaints management committee in healthcare through a bylaw issued by the prefect of Gagnoa. Partners engaged through this process also advanced concrete improvements at facility level: members of the Gagnoa Midwives Association who took part in the participatory action research pooled resources to renovate the neonatal unit of the Regional Hospital, and the Director of the Gagnoa General Hospital launched an action plan to expand services and improve patient reception, with the facility receiving the award for best hospital in the country in 2025.

In Kenya, our research with the Mathare Education Taskforce documented the absence of public schools and the expansion of private provision, evidencing impacts on households and caregivers and strengthening demands for free, quality public education. This work contributed to stronger community agency and collective organisation, alongside ongoing strategies ranging from communications to litigation to secure a public school in the area, some involving GI-ESCR and others led independently.

Across Africa, this work is complemented by a multi-country study examining the human rights implications of austerity in education and health, including how regressive fiscal policies, rising debt burdens and persistent underinvestment undermine the financing and delivery of public services.

In Latin America, from 29 November to 2 December 2021, over a thousand representatives from over one hundred countries, from grassroots movements, advocacy, human rights, and development organisations, feminist movements, trade unions, and other civil society organisations, met in Santiago, Chile, and virtually, to discuss the critical role of public services for our future. Following the meeting, the Santiago Declaration on Public Services was adopted to demand universal access to quality, gender-transformative and equitable public services as the foundation of a fair and just society.

We are currently advancing work on care systems, linking public services and fiscal justice through integrated research, advocacy and communications, including a regional campaign framing care as a collective responsibility requiring sustained public investment.

What's next?

In Ivory Coast, we will evaluate and strengthen the complaints management committee and position it as a replicable model for other health facilities. In Kenya, we will support the Mathare community to co-design a model public school for Mabatini and Ngei wards, grounded in human rights standards. Building on our multi-country austerity study, we will drive national advocacy on financing for education and health: advancing reforms in Ghana; launching a fiscal policy and public services financing agenda in Kenya through the CESCR process and targeted coalition work; and, in Nigeria, using the new tax acts in force since 1 January 2026 to catalyse a national accountability campaign for adequately funded, quality public services. In Latin America, we will amplify locally led care pilots across 8 countries and turn lessons into influence—advancing care policies that strengthen care organisations, protect care workers’ rights, support unpaid caregivers, include disability and family networks, and redistribute care more equitably.