Es sabido que los daños que produjo la COVID-19 en la educación han sido incalculables.

Para comprender los efectos de la pandemia en su total dimensión, los integrantes del Consorcio de Derechos Humanos y la Privatización de la Educación han monitoreado en forma colectiva aquellas noticias relacionadas con la educación privada en el contexto de la pandemia. Esta organización es una red informal de individuos y organizaciones nacionales, regionales y globales que, a través de esfuerzos colaborativos, analizan y responden ante los desafíos que presenta el acelerado crecimiento de los actores privados en materia de educación, desde una perspectiva de los derechos humanos, y proponen alternativas. Estos son los principales aprendizajes:

1. Las compañías tecnológicas no están resolviendo el problema de la desigualdad en la educación, es más, pueden llegar a perpetuarla.

Las autoridades educativas de todo el mundo tuvieron que adoptar rápidamente modelos de educación a distancia con el fin de asegurar la continuidad de la «enseñanza», muchos de ellos, a través de diversas soluciones digitales.  Como se expone a continuación, existen diversas formas de proporcionar educación a distancia, mediante alternativas de alta tecnología (generalmente con el uso de equipos informáticos) y con poca o sin tecnología (tales como los programas de radio).

Según los cálculos de la UNESCO, 95 gobiernos de todo el mundo han incorporado soluciones en línea durante la pandemia y el aprendizaje a distancia se está convirtiendo, cada vez más, en una parte integral de la educación a nivel global. Esto ha conducido al desarrollo de una narrativa que sugiere que el aprendizaje a distancia y la tecnología podrían desempeñar un papel fundamental en la resolución de los desafíos educativos. Las grandes compañías tecnológicas como Google, Microsoft y Facebook han adquirido, rápidamente, un destacado papel en la educación a nivel global, publicando documentos como “Education Reimagined” (Reinventando la educación), donde se sugiere un cambio de paradigma en materia de educación. Asimismo, las compañías en el área de la educación han comenzado a comercializar plataformas educativas en línea como alternativas de formación a largo plazo.

Sin embargo, no todos pueden beneficiarse de estas soluciones en línea y existe una gran preocupación por la igualdad y la equidad en los sistemas educativos. Actualmente, al menos 500 millones de niños y niñas no acceden a las alternativas de educación a distancia y casi un 47% de todos los estudiantes de primaria y secundaria a los que apuntan exclusivamente estas plataformas de aprendizaje en línea, no tienen acceso a internet. Hay ejemplos por doquier: en Pakistán, solo 31 % por ciento de los hogares tienen acceso a internet; en América Latina el 46 % de los niños y las niñas de 5 a 12 años de edad viven en casas que no cuentan con acceso a internet; y en Kenia solo el 22 % de los niños y las niñas tienen acceso. Este no es solo un problema en el Sur global. En ciertas regiones de España, hasta el 20% de los estudiantes no tienen acceso a los materiales que se encuentran en línea; en los EE.UU., aproximadamente 1 de cada 10 niños de hogares de bajos ingresos tiene poco o ningún acceso a la tecnología para la educación.

El aprendizaje a distancia, especialmente a través de soluciones de «alta tecnología» promovidas por las compañías privadas, puede acarrear muchos problemas para la realización del derecho a la educación. Además, la dependencia en las compañías multinacionales para ofrecer soluciones educativas está contribuyendo al surgimiento de nuevas formas de comercialización y privatización de la educación que generan otras preocupaciones, por ejemplo, sobre el control democrático de la educación.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry, en su informe sobre COVID-19, destacó que «la digitalización de la educación no debería reemplazar a la educación presencial con maestros, y el surgimiento masivo de actores privados a través de la tecnología digital debe considerarse un grave riesgo para los sistemas educativos y el derecho a la educación para todos y todas».

2. En muchos casos la privatización crea sistemas educativos que no son resilientes y no es sostenible.

La crisis ha dejado al descubierto la vulnerabilidad que produce tener un sistema educativo que depende de actores privados y los riesgos que conlleva para el derecho a la educación.

Ha revelado la falta de capacidad de las escuelas privadas de enfrentar la crisis, por diversas razones entre las que se incluye la dependencia en la matrícula que pagan familias que de por sí cuentan con bajos ingresos, la presión por mantener los niveles de ganancia, una administración central insuficiente y de corto plazo, así como falta de acceso al crédito. Perú, Pakistán, India, el Reino Unido  y Argentina enfrentan la posibilidad de un cierre masivo de las escuelas privadas. En Kenia, Marruecos y Senegal, los gobiernos han tenido que intervenir para salvar a las escuelas privadas, y en Nepal y Pakistán las escuelas privadas han presionado a los gobiernos para que les proporcionen ayuda durante la crisis. Hemos observado prácticas como una medida que permitía que se otorgaran fondos de emergencia para el coronavirus a las escuelas privadas en EE.UU., la cual fue posteriormente revocada cuando un juez federal decretó que violaba la ley.

Esta fragilidad de las escuelas privadas ha tenido un claro efecto en los niños y las niñas que han dejado de ir a la escuela, así como en sus familias. A pesar de que muchas familias han perdido sus fuentes de ingresos, algunas escuelas privadas continuaron cobrando la matrícula a pesar de no tenían la posibilidad de seguir ofreciendo servicios. Por ejemplo, en Túnez, los padres estaban preocupados porque no podían pagar la matrícula del tercer período escolar, en la República Democrática del Congo las escuelas privadas instaron a los padres a pagar la matrícula y en la India las escuelas privadas siguieron aumentando las matrículas, a pesar de los lineamientos del gobierno.

La crisis también ha revelado una falta de protección de los derechos laborales de los maestros y las maestras que trabajan en las escuelas privadas. Se pueden citar ejemplos de maestros y maestras de escuelas privadas en Somalia que no sabían si iban a recibir el pago de sus sueldos en forma habitual y las escuelas privadas en Pakistán, Malaui, Senegal, Marruecos,  Chad, República Democrática del Congo y Jordania  que no sabían si podrían pagar el sueldo de sus empleados, y algunos casos como la India donde se decidió pagar a los maestros y maestras por hora en lugar de recibir sus sueldos mensuales. En la India diferentes cortes dictaron instrucciones para asegurar que las escuelas privadas que seguían cobrando la matrícula, priorizaran el pago de los sueldos de los maestros y otros empleados con dichos ingresos. Bridge International Academies (BIA, por sus siglas en inglés) ha recibido una fuerte crítica. En Kenia, mandaron a sus casas a los empleados de BIA con solo un 10 % del sueldo, sin tener certeza de cuándo cambiaría la situación, y en Liberia el Ministerio de Trabajo lanzó una investigación al recibir quejas de que BIA había reducido los salarios de sus empleados en un 80-90 % a pesar de una orden del gobierno que prohibía las reducciones de salario superiores al 50 %.

En otros casos, los gobiernos han intervenido para apoyar a las escuelas privadas, particularmente a través del pago de los salarios de los empleados, lo cual refleja la función primordial del Estado para asegurar la sostenibilidad de un servicio como la educación y los derechos laborales básicos. Lo mismo sucedió en el Congo y Cote d’Ivoire, mientras que en Togo y las Islas Mauricio los maestros y las maestras de instituciones privadas han recurrido al gobierno para solicitar ayuda. 

3. La solución urgente: invertir en una educación pública gratis y reconstruir sistemas sostenibles

La crisis de COVID-19 y su efecto sobre los sistemas educativos ha revelado nuevamente la importancia de tener sistemas educativos públicos estables, con suficiente financiación, gratis e inclusivos que cumplan con los estándares de los derechos humanos. Ha quedado demostrado que esto es imposible sin las autoridades públicas.

En materia de educación, el aprendizaje que deja esta crisis es que es indispensable construir espacios que no sean comerciales y que estén alineados con los derechos humanos, con un sector público fuerte y que garanticen la provisión de servicios para todas las personas, de forma igualitaria, aún en casos de contingencia. En esta época, las normas y los estándares de los derechos humanos son más importantes que nunca y los Principios de Abidjan brindan pautas claras para que los gobiernos puedan construir sistemas educativos más equitativos, sólidos y efectivos.

Lo que quizás revista aún más importancia es asegurar que, poscoronavirus, los sistemas educativos públicos y gratis reciban una financiación sostenida mediante medidas de asignación presupuestaria, una tributación gradual, mayor ayuda, moratoria de deuda y abandono de las políticas de austeridad (tal como lo expresa el reciente Llamado a la financiación local de la educación). Deberían emplear esta financiación para desarrollar sistemas educativos públicos que sean sostenibles y resilientes. Cuando los gobiernos financian escuelas privadas o se asocian con las compañías tecnológicas para el aprendizaje en línea, deben tomarse medidas regulatorias para asegurar el derecho a la educación y proteger a los más vulnerables.

Mientras que los responsables de formular las políticas están considerando cómo reconstruir las economías, los gobiernos tienen la oportunidad única de aprender a partir de esta crisis y construir sistemas educativos públicos que sean gratis y sólidos con el fin de ayudar a la humanidad a enfrentar los desafíos que le deparan en las próximas décadas.

• Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights
• Solidarité Laïque
• Brazilian Campaign for the Right to Education
• Initiative for Social and Economic Rights
• Global Campaign for Education-US
• Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
• Oxfam India
• ActionAid
• The East African Centre for Human Rights (EACHRights)
• Right to Education Initiative
• Latin American Campaign for the Right to Education (CLADE)
• The International Federation of Centers for Training in Active Education Methods (Ficeméa)
• Equal Education

Integrantes de Privatisation in Education and Human Rights Consortium