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La pandemia de COVID-19 y su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales

La reconstrucción de sistemas educativos resilientes: tres aprendizajes sobre la privatización de la educación a partir de la pandemia de COVID-19

Es sabido que los daños que produjo la COVID-19 en la educación han sido incalculables.

Para comprender los efectos de la pandemia en su total dimensión, los integrantes del Consorcio de Derechos Humanos y la Privatización de la Educación han monitoreado en forma colectiva aquellas noticias relacionadas con la educación privada en el contexto de la pandemia. Esta organización es una red informal de individuos y organizaciones nacionales, regionales y globales que, a través de esfuerzos colaborativos, analizan y responden ante los desafíos que presenta el acelerado crecimiento de los actores privados en materia de educación, desde una perspectiva de los derechos humanos, y proponen alternativas. Estos son los principales aprendizajes:

1. Las compañías tecnológicas no están resolviendo el problema de la desigualdad en la educación, es más, pueden llegar a perpetuarla.

Las autoridades educativas de todo el mundo tuvieron que adoptar rápidamente modelos de educación a distancia con el fin de asegurar la continuidad de la «enseñanza», muchos de ellos, a través de diversas soluciones digitales.  Como se expone a continuación, existen diversas formas de proporcionar educación a distancia, mediante alternativas de alta tecnología (generalmente con el uso de equipos informáticos) y con poca o sin tecnología (tales como los programas de radio).

Según los cálculos de la UNESCO, 95 gobiernos de todo el mundo han incorporado soluciones en línea durante la pandemia y el aprendizaje a distancia se está convirtiendo, cada vez más, en una parte integral de la educación a nivel global. Esto ha conducido al desarrollo de una narrativa que sugiere que el aprendizaje a distancia y la tecnología podrían desempeñar un papel fundamental en la resolución de los desafíos educativos. Las grandes compañías tecnológicas como Google, Microsoft y Facebook han adquirido, rápidamente, un destacado papel en la educación a nivel global, publicando documentos como “Education Reimagined” (Reinventando la educación), donde se sugiere un cambio de paradigma en materia de educación. Asimismo, las compañías en el área de la educación han comenzado a comercializar plataformas educativas en línea como alternativas de formación a largo plazo.

Sin embargo, no todos pueden beneficiarse de estas soluciones en línea y existe una gran preocupación por la igualdad y la equidad en los sistemas educativos. Actualmente, al menos 500 millones de niños y niñas no acceden a las alternativas de educación a distancia y casi un 47% de todos los estudiantes de primaria y secundaria a los que apuntan exclusivamente estas plataformas de aprendizaje en línea, no tienen acceso a internet. Hay ejemplos por doquier: en Pakistán, solo 31 % por ciento de los hogares tienen acceso a internet; en América Latina el 46 % de los niños y las niñas de 5 a 12 años de edad viven en casas que no cuentan con acceso a internet; y en Kenia solo el 22 % de los niños y las niñas tienen acceso. Este no es solo un problema en el Sur global. En ciertas regiones de España, hasta el 20% de los estudiantes no tienen acceso a los materiales que se encuentran en línea; en los EE.UU., aproximadamente 1 de cada 10 niños de hogares de bajos ingresos tiene poco o ningún acceso a la tecnología para la educación.

El aprendizaje a distancia, especialmente a través de soluciones de «alta tecnología» promovidas por las compañías privadas, puede acarrear muchos problemas para la realización del derecho a la educación. Además, la dependencia en las compañías multinacionales para ofrecer soluciones educativas está contribuyendo al surgimiento de nuevas formas de comercialización y privatización de la educación que generan otras preocupaciones, por ejemplo, sobre el control democrático de la educación.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry, en su informe sobre COVID-19, destacó que «la digitalización de la educación no debería reemplazar a la educación presencial con maestros, y el surgimiento masivo de actores privados a través de la tecnología digital debe considerarse un grave riesgo para los sistemas educativos y el derecho a la educación para todos y todas».

2. En muchos casos la privatización crea sistemas educativos que no son resilientes y no es sostenible.

La crisis ha dejado al descubierto la vulnerabilidad que produce tener un sistema educativo que depende de actores privados y los riesgos que conlleva para el derecho a la educación.

Ha revelado la falta de capacidad de las escuelas privadas de enfrentar la crisis, por diversas razones entre las que se incluye la dependencia en la matrícula que pagan familias que de por sí cuentan con bajos ingresos, la presión por mantener los niveles de ganancia, una administración central insuficiente y de corto plazo, así como falta de acceso al crédito. Perú, Pakistán, India, el Reino Unido  y Argentina enfrentan la posibilidad de un cierre masivo de las escuelas privadas. En Kenia, Marruecos y Senegal, los gobiernos han tenido que intervenir para salvar a las escuelas privadas, y en Nepal y Pakistán las escuelas privadas han presionado a los gobiernos para que les proporcionen ayuda durante la crisis. Hemos observado prácticas como una medida que permitía que se otorgaran fondos de emergencia para el coronavirus a las escuelas privadas en EE.UU., la cual fue posteriormente revocada cuando un juez federal decretó que violaba la ley.

Esta fragilidad de las escuelas privadas ha tenido un claro efecto en los niños y las niñas que han dejado de ir a la escuela, así como en sus familias. A pesar de que muchas familias han perdido sus fuentes de ingresos, algunas escuelas privadas continuaron cobrando la matrícula a pesar de no tenían la posibilidad de seguir ofreciendo servicios. Por ejemplo, en Túnez, los padres estaban preocupados porque no podían pagar la matrícula del tercer período escolar, en la República Democrática del Congo las escuelas privadas instaron a los padres a pagar la matrícula y en la India las escuelas privadas siguieron aumentando las matrículas, a pesar de los lineamientos del gobierno.

La crisis también ha revelado una falta de protección de los derechos laborales de los maestros y las maestras que trabajan en las escuelas privadas. Se pueden citar ejemplos de maestros y maestras de escuelas privadas en Somalia que no sabían si iban a recibir el pago de sus sueldos en forma habitual y las escuelas privadas en Pakistán, Malaui, Senegal, Marruecos,  Chad, República Democrática del Congo y Jordania  que no sabían si podrían pagar el sueldo de sus empleados, y algunos casos como la India donde se decidió pagar a los maestros y maestras por hora en lugar de recibir sus sueldos mensuales. En la India diferentes cortes dictaron instrucciones para asegurar que las escuelas privadas que seguían cobrando la matrícula, priorizaran el pago de los sueldos de los maestros y otros empleados con dichos ingresos. Bridge International Academies (BIA, por sus siglas en inglés) ha recibido una fuerte crítica. En Kenia, mandaron a sus casas a los empleados de BIA con solo un 10 % del sueldo, sin tener certeza de cuándo cambiaría la situación, y en Liberia el Ministerio de Trabajo lanzó una investigación al recibir quejas de que BIA había reducido los salarios de sus empleados en un 80-90 % a pesar de una orden del gobierno que prohibía las reducciones de salario superiores al 50 %.

En otros casos, los gobiernos han intervenido para apoyar a las escuelas privadas, particularmente a través del pago de los salarios de los empleados, lo cual refleja la función primordial del Estado para asegurar la sostenibilidad de un servicio como la educación y los derechos laborales básicos. Lo mismo sucedió en el Congo y Cote d’Ivoire, mientras que en Togo y las Islas Mauricio los maestros y las maestras de instituciones privadas han recurrido al gobierno para solicitar ayuda. 

3. La solución urgente: invertir en una educación pública gratis y reconstruir sistemas sostenibles

La crisis de COVID-19 y su efecto sobre los sistemas educativos ha revelado nuevamente la importancia de tener sistemas educativos públicos estables, con suficiente financiación, gratis e inclusivos que cumplan con los estándares de los derechos humanos. Ha quedado demostrado que esto es imposible sin las autoridades públicas.

En materia de educación, el aprendizaje que deja esta crisis es que es indispensable construir espacios que no sean comerciales y que estén alineados con los derechos humanos, con un sector público fuerte y que garanticen la provisión de servicios para todas las personas, de forma igualitaria, aún en casos de contingencia. En esta época, las normas y los estándares de los derechos humanos son más importantes que nunca y los Principios de Abidjan brindan pautas claras para que los gobiernos puedan construir sistemas educativos más equitativos, sólidos y efectivos.

Lo que quizás revista aún más importancia es asegurar que, poscoronavirus, los sistemas educativos públicos y gratis reciban una financiación sostenida mediante medidas de asignación presupuestaria, una tributación gradual, mayor ayuda, moratoria de deuda y abandono de las políticas de austeridad (tal como lo expresa el reciente Llamado a la financiación local de la educación). Deberían emplear esta financiación para desarrollar sistemas educativos públicos que sean sostenibles y resilientes. Cuando los gobiernos financian escuelas privadas o se asocian con las compañías tecnológicas para el aprendizaje en línea, deben tomarse medidas regulatorias para asegurar el derecho a la educación y proteger a los más vulnerables.

Mientras que los responsables de formular las políticas están considerando cómo reconstruir las economías, los gobiernos tienen la oportunidad única de aprender a partir de esta crisis y construir sistemas educativos públicos que sean gratis y sólidos con el fin de ayudar a la humanidad a enfrentar los desafíos que le deparan en las próximas décadas.

  • Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights
  • Solidarité Laïque
  • Brazilian Campaign for the Right to Education
  • Initiative for Social and Economic Rights
  • Global Campaign for Education-US
  • Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
  • Oxfam India
  • ActionAid
  • The East African Centre for Human Rights (EACHRights)
  • Right to Education Initiative
  • Latin American Campaign for the Right to Education (CLADE)
  • The International Federation of Centers for Training in Active Education Methods (Ficeméa)
  • Equal Education

Integrantes de Privatisation in Education and Human Rights Consortium

 

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Climate and Environmental Justice

We have advanced rights-based and gender-transformative transition frameworks through research that centres the lived experiences of women and marginalised communities on the frontlines of extractive energy policies, promoting climate and energy frameworks attentive to the social and care-related impacts of transition pathways. We have developed a clear vision for a gender-just transition, firmly rooted in gender and human rights norms, establishing both the legal basis and the direction for the transformative changes our planet and societies urgently need. In particular, the ‘Guiding Principles for Gender Equality and Human Rights in the Energy Transition’, a collective effort built through online consultations, an in-person workshop and multiple rounds of revision with activists, practitioners and experts from around the world, outline a transformative vision for reshaping global energy systems through a human rights and gender equality lens.

Our work recognises that the climate emergency is both an existential threat and an opportunity to reimagine societies built on social, gender, economic and environmental justice. We ground our advocacy in feminist and intersectional principles, prioritising the agency and perspectives of communities in the Global South who have contributed the least to the climate emergency yet face its most devastating consequences. Central to our approach is the understanding that energy is not merely a commodity but a fundamental human right; essential for dignity, health, education, work and the realisation of countless other rights. We challenge approaches to the energy transition that risk replicating the harmful patterns of fossil fuel extraction and, instead, advocate for transformative policies that ensure human rights and gender equality as central to building climate-resilient societies rooted in dignity, justice and planetary well-being.

What's next?

We will continue to challenge approaches that treat energy transition as merely a technical shift, instead positioning it as an opportunity to reimagine economies and societies rooted in dignity for all, with particular attention to communities in the Global South who have contributed least to the climate emergency yet are most exposed to its worst effects.

We will connect community-level evidence and the lived experiences of those on the frontlines of extractive policies to national reform and global norm-setting, breaking down silos between human rights, gender, and climate movements, and advancing a shared vision that recognises just transitions as not only fundamental to achieving climate-resilient and sustainable societies, but as transformative pathways that advance social and gender equality, redistribute power and resources equitably, and ensure that energy systems serve the public good rather than profit.

We will mainstream rights-based and genderjust transition priorities in key multilateral spaces (particularly, within the Just Transition Work Programme and the to-be-developed Just Transition Mechanism, within the UNFCCC) to guarantee that just transitions are advanced at all levels.

We will also translate our work, through strategic advocacy, into at least two concrete policy wins, whether promoted, adopted, implemented, or scaled, in priority countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Colombia, South Africa, or Kenya), ensuring these policies align with human rights standards, centre gender equality, and reflect the needs and views of affected communities.

We will build momentum for the progressive recognition of the right to sustainable energy to shift dominant narratives away from purely extractive solutions that sideline gendered impacts, community participation, and Global South perspectives.

Economic Justice and Climate Finance

Our work has transformed the global discussion on fiscal policy in a more just, emancipatory and sustainable direction. Our approach has combined both high-level, expert contributions within decisionmaking circles, with bold, impactful work on narrative change with the general public.

We have been instrumental in the inclusion of human rights as a guiding principle of the future United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation, a multilateral instrument with the potential of raising approx. USD 492 billion per year in public revenues currently foregone to global tax abuse. In the process leading to the ‘Compromiso de Sevilla’ decided at FfD4, we proposed and succeeded in creating a specific human rights workstream within the Civil Society Financing for Development Mechanism, which was critical to ensure that explicit commitments on the matter were included in the negotiating outcome. In a context of cutbacks in multilateral institutions, we have amplified the capacities of technical experts, providing rigorous technical support and leveraging our influence to ensure the enactments of groundbreaking standard-setting instruments, such as the 2025 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights Statement on Fiscal Policy and Human Rights, and the first ex oficio hearing on the Inter-American Commission of Human Rights on Fiscal and Economic Policies to Address Poverty and Structural Inequality, leading to an upcoming thematic resolution on the matter. We have also bridged the silos between multilateral tax discussions and climate finance debates, promoting ambitious financing commitments to increase international and domestic resource mobilisation during COP 28, 29 and 30.

At the regional level, our engagement with fiscal cooperation platforms such as the Platform for Fiscal Cooperation of Latin America and the Caribbean (PTLAC), where we are member of its Civil Society Consultative Council, and the African Anti-IFFs Policy Tracker, for which we participated in the pilot mission in Ivory Coast together with Tax Justice Network Africa (TJNA), have been critical in cementing a growing engagement between tax administrations and ministries of finance with international legal experts, exploring actionable and transformative initiatives, such as the taxation of high-net-worth individuals, beneficial ownership registries and corporate countryby-country reports, to be implemented at the international level.

At the local level, our interventions in fiscal reform debates in Chile, Brazil, Colombia and Nigeria have contributed to shaping legislative outcomes in a more progressive, rights-compliant direction.

As for our leadership in narrative change, we have a measurable track record in delivering tailored, innovative campaigns which have decisively expanded economic justice constituencies by appealing to a broader tent. In Latin America and the Caribbean, we created the ‘Date Cuenta’ campaign, coordinating over 40 organisations across civil society to deliver plain language, innovative messaging connecting progressive fiscal reforms to the financing of health, education and social protection. ‘Date Cuenta’ generated over 55 original campaign messages that were tailored to the realities of seven priority countries (Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru and Honduras) and disseminated in Spanish, Portuguese and English. In doing so, we convened more than 65 online co-creation workshops with partners, coordinating a unified communications strategy which combined digital outreach, press and media coverage, and collaboration with influencers. Ultimately, ‘Date Cuenta’ resulted in more than 60,000 interactions on social media, coverage in major regional and international media outlets, including El País, Deutsche Welle, Bloomberg and France 24, and the participation of at least 63 social media influencers through 58 dedicated publications. In collaboration with Fundación Gabo and the Friedrich Ebert Stiftung, we also organised a two-day workshop in Bogota with 20 journalists from 13 countries, building a regional network trained in a human rights-based approach to fiscal policy that has since generated published media coverage on outlets such as La Diaria, Ciper, El Diario Ar and Milenio. Through ‘Date Cuenta’ and our regional advocacy, we strengthened civil society engagement in key processes, including the Financing for Development track and FfD4, co-organised highlevel dialogues with states and civil society from Latin America and Africa.

What's next?

We will shape the UN Tax Convention and its Protocols so they embed human rights principles, and we will stay engaged through follow-up processes (including the expected Conference of the Parties) to support effective implementation. We will keep linking tax and climate finance so that new resources mobilised through fiscal cooperation are channelled to adaptation, mitigation, and loss and damage, in line with UNFCCC commitments.

Public Services for Care Societies

We have translated participatory research into accountability and policy outcomes.

In Ivory Coast, our work with Mouvement Ivoirien des Droits Humains and affected communities since 2023 exposed how privatisation and lack of accountability restrict access to quality healthcare. It contributed to the closure of 1,022 illegal private health centres, an executive instrument strengthening the regulation of private hospitals across the country, and the creation of a permanent complaints management committee in healthcare through a bylaw issued by the prefect of Gagnoa. Partners engaged through this process also advanced concrete improvements at facility level: members of the Gagnoa Midwives Association who took part in the participatory action research pooled resources to renovate the neonatal unit of the Regional Hospital, and the Director of the Gagnoa General Hospital launched an action plan to expand services and improve patient reception, with the facility receiving the award for best hospital in the country in 2025.

In Kenya, our research with the Mathare Education Taskforce documented the absence of public schools and the expansion of private provision, evidencing impacts on households and caregivers and strengthening demands for free, quality public education. This work contributed to stronger community agency and collective organisation, alongside ongoing strategies ranging from communications to litigation to secure a public school in the area, some involving GI-ESCR and others led independently.

Across Africa, this work is complemented by a multi-country study examining the human rights implications of austerity in education and health, including how regressive fiscal policies, rising debt burdens and persistent underinvestment undermine the financing and delivery of public services.

In Latin America, from 29 November to 2 December 2021, over a thousand representatives from over one hundred countries, from grassroots movements, advocacy, human rights, and development organisations, feminist movements, trade unions, and other civil society organisations, met in Santiago, Chile, and virtually, to discuss the critical role of public services for our future. Following the meeting, the Santiago Declaration on Public Services was adopted to demand universal access to quality, gender-transformative and equitable public services as the foundation of a fair and just society.

We are currently advancing work on care systems, linking public services and fiscal justice through integrated research, advocacy and communications, including a regional campaign framing care as a collective responsibility requiring sustained public investment.

What's next?

In Ivory Coast, we will evaluate and strengthen the complaints management committee and position it as a replicable model for other health facilities. In Kenya, we will support the Mathare community to co-design a model public school for Mabatini and Ngei wards, grounded in human rights standards. Building on our multi-country austerity study, we will drive national advocacy on financing for education and health: advancing reforms in Ghana; launching a fiscal policy and public services financing agenda in Kenya through the CESCR process and targeted coalition work; and, in Nigeria, using the new tax acts in force since 1 January 2026 to catalyse a national accountability campaign for adequately funded, quality public services. In Latin America, we will amplify locally led care pilots across 8 countries and turn lessons into influence—advancing care policies that strengthen care organisations, protect care workers’ rights, support unpaid caregivers, include disability and family networks, and redistribute care more equitably.