El proceso de comunicación individual comienza con la presentación de una queja (o "petición") al Comité.

Las denuncias deben presentarse ante la Sección de Peticiones y Consultas de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
No tienen que ser presentados por abogados y el Comité se esfuerza explícitamente por adoptar un "enfoque centrado en la víctima" y "abstenerse de imponer formalidades innecesarias". El Comité ha publicado recientemente un nuevo formulario de denuncias individuales, así como una guía sobre el proceso de presentación de una comunicación individual. Se puede acceder a ambos a continuación:

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Una vez recibido, la Sección de Peticiones y Consultas registrará una queja. Ocasionalmente, las denuncias no se registrarán, por ejemplo, si están dirigidas a un Estado que no es parte del Protocolo Facultativo.

Al presentar una denuncia, es posible pedir al Comité que emita una solicitud para que el Estado parte en cuestión tome medidas provisionales. Al igual que un interdicto, el propósito de las medidas cautelares es “evitar posibles daños irreparables a la víctima o víctimas de las presuntas violaciones” antes de que el Comité haya considerado la comunicación (artículo 5 PF-PIDESC). Si un Estado parte no responde a una solicitud del Comité de adoptar medidas provisionales, estará violando el artículo 5 del Protocolo Facultativo. Sin embargo, debe subrayarse que la decisión de un Comité de solicitar medidas provisionales “no implica una determinación sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación”. Consulte las directrices del Comité sobre medidas provisionales para obtener más detalles.

De conformidad con el artículo 8 (1) del Protocolo Facultativo, el Comité también puede aceptar presentaciones de terceros (escritos de amicus curiae). Se puede acceder a la guía del Comité sobre intervenciones de terceros aquí.

Casi el 60% de todas las comunicaciones registradas terminan en una decisión de desistimiento. Esto significa que la comunicación se da por terminada sin que se proceda a una decisión final por parte del Comité.

En la mayoría de estos casos, el Comité toma la decisión de interrumpir una comunicación a petición del autor, cuyas circunstancias a menudo han mejorado desde que presentó inicialmente su denuncia. Por ejemplo, en el caso Elisabet Posada Pérez y otros c. España, una madre y una hija que habían alegado que su derecho a la vivienda había sido violado por un desalojo, solicitaron que se suspendiera su comunicación ya que se les había asignado una vivienda social.

Ocasionalmente, el Comité decide suspender las comunicaciones en las que no ha sido posible contactar al autor. También ha interrumpido varias comunicaciones a petición del Estado parte demandado.

Si el Comité determina que una comunicación es admisible, procederá a considerar la comunicación en cuanto al fondo. Considerará las presentaciones presentadas por los autores de la comunicación, el Estado demandado y cualquier tercero, y tomará una decisión sobre si ha habido una violación del PIDESC.

Al revisar los méritos de una comunicación, el Comité debe determinar si las acciones u omisiones de un Estado pueden justificarse razonablemente dadas sus obligaciones procesales y sustantivas en virtud del PIDESC. Esto está previsto explícitamente en el artículo 8(4) del Protocolo Facultativo, que estipula que “al examinar las comunicaciones… el Comité considerará la razonabilidad de las medidas adoptadas por el Estado Parte”.

Al aplicar este estándar de razonabilidad, el Comité ha desarrollado un modelo de revisión que se basa en disparadores justificativos. En esencia, un conjunto de circunstancias, como la falta de provisión de alojamiento alternativo a una persona desalojada por la falta de vivienda, genera una carga para el Estado de justificar su conducta. La intensidad del escrutinio del Comité sobre la conducta del Estado parte variará según las circunstancias particulares de cada caso. Así, por ejemplo, si el impacto de la conducta del Estado es severo o si la persona afectada es particularmente vulnerable, el Comité examinará más de cerca la conducta del Estado.

Cuando el Comité realiza un escrutinio más detenido, su enfoque se asemeja al análisis de proporcionalidad o limitaciones que aplican convencionalmente los órganos judiciales constitucionales y de derechos humanos (ver artículo 4 PIDESC). Por lo tanto, cuando un Estado parte ha impuesto una restricción prima facie a un derecho del Pacto, se le puede pedir que justifique que sus acciones:

están autorizados por la legislación nacional;

tener un objetivo legítimo;

estén racionalmente conectados con el objetivo legítimo perseguido;

constituir la mínima injerencia en los derechos individuales que logrará el mismo objetivo;

impone una carga sobre los derechos individuales que no es desproporcionada a sus beneficios (conocido como proporcionalidad en sentido estricto)

Para más información, ver Sandra Liebenberg, Between Sovereignty y Rendición de cuentas: la jurisprudencia emergente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en virtud del Protocolo Facultativo (2020).

Los dictámenes y las recomendaciones del Comité no son formalmente vinculantes como cuestión de derecho internacional. Sin embargo, se consideran determinaciones autorizadas de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el deber de los Estados Partes de cumplir con las obligaciones de los tratados internacionales implica el deber de cooperar de buena fe con el dictamen del Comité.

El Protocolo Facultativo proporciona la base para un mecanismo de “seguimiento” dialogal a través del cual el Comité puede monitorear la implementación de sus recomendaciones (artículo 9 OP-ICESCR):

Cuando el Comité ha encontrado una violación del Pacto, el Estado Parte demandado tiene seis meses para presentar una respuesta por escrito sobre las medidas que tomará para implementar las recomendaciones del Comité.

Junto con la respuesta del Estado, el Comité puede considerar otros comentarios del autor de la comunicación, así como presentaciones adicionales de terceros.

El Comité entonces tomará una decisión sobre si sus recomendaciones han sido implementadas satisfactoriamente.

Si las recomendaciones no han sido implementadas satisfactoriamente, el Comité puede mantener la comunicación bajo revisión y solicitar que el Estado tome medidas adicionales y/o proporcione información adicional.

El Comité ha publicado dos informes bajo el mecanismo de seguimiento hasta el momento, el primero en su 66° período de sesiones (accesible aquí) y el segundo en su 68° período de sesiones (accesible aquí). Los informes contienen información sobre comunicaciones relativas a España, Ecuador e Italia. Se puede encontrar más información sobre el mecanismo de seguimiento en las Reglas de Procedimiento del Comité bajo el Protocolo Facultativo (accesible aquí).