Un cambio en las narrativas: Reformas fiscales progresivas en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas
En el marco del actual Debate General de la 79ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, numerosos Jefes de Estado y de Gobierno han respaldado explícitamente el avance hacia reformas fiscales progresivas a escala mundial. Este amplio apoyo marca otro hito distintivo en los actuales cambios en la narrativa sobre la relación entre fiscalidad y derechos humanos, subrayando la existencia de un momentum político propicio para impulsar la promulgación de iniciativas fiscales innovadoras y progresivas que puedan redistribuir las cargas fiscales de una manera más justa y sostenible.
A nivel multilateral, esto es especialmente relevante en el contexto de la reciente adopción del Pacto del Futuro, un documento que pretende marcar el camino hacia un mundo igualitario, justo, pacífico y ambientalmente sostenible abordando las deficiencias del multilateralismo y de las instituciones internacionales. El texto final del Pacto ordena la promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz, alineada con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), permitiendo a los Estados movilizar sus recursos nacionales. El compromiso activo con las negociaciones en curso para una futura Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional también se determinó como crucial para cumplir con tales propósitos.
En línea con estas iniciativas, varios líderes políticos de alto nivel han aprovechado la plataforma global que ofrece el Debate General de la Asamblea General para incluir en sus discursos referencias directas a la necesidad de avanzar en las reformas de la arquitectura financiera internacional, combatir los flujos financieros ilícitos y avanzar hacia una tributación efectiva de las personas con alto patrimonios neto, entre otras propuestas fiscales progresistas -incluyendo aquellas relacionada a financiamiento climático-.
Los líderes de los Estados latinoamericanos en la Plataforma Fiscal para América Latina y el Caribe (PTLAC), en la que el GI-ESCR es miembro activo del Consejo Permanente de la Sociedad Civil, defendieron la inclusión de esta agenda durante sus discursos en la Asamblea General. El Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, destacó las “condiciones prohibitivas” a las que se enfrentan los países de renta media y baja para acceder a los recursos financieros, a menudo constreñidos por una deuda insalvable, lo que limita “el espacio fiscal para invertir en salud, educación, reducción de las desigualdades y lucha contra el cambio climático”. Señaló además que “mientras los Objetivos de Desarrollo Sostenible se quedan atrás, las 150 mayores empresas del mundo obtuvieron en conjunto 1,8 billones de dólares de beneficios en los últimos dos años” y que “la riqueza de los 5 mayores multimillonarios se ha más que duplicado, mientras que el 60% de la humanidad se ha empobrecido”. Lula hizo un llamamiento a la cooperación internacional para establecer un estandar global mínimo para la tributación de las personas con patrimonios alto patrimonio neto, señalando que “los superricos pagan proporcionalmente muchos menos impuestos que la clase trabajadora”.
El Presidente de Chile, Gabriel Boric, cuyo país ostenta la presidencia pro tempore de la PTLAC, reafirmó el apoyo de Chile a las negociaciones sobre una futura Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. Destacó que este marco podría abordar “la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y las desigualdades en la recaudación de impuestos”» y contribuir a crear un “sistema fiscal mundial más transparente e inclusivo”. Tal sistema, señaló Boric, financiaría los esfuerzos para combatir la crisis climática y garantizaría que tanto los Estados como las grandes empresas transnacionales rindan cuentas y contribuyan de forma justa a los países de los que obtienen su riqueza.
Por su parte, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso el foco en los astronómicos niveles de desigualdad socioeconómica a nivel mundial, destacando que el 1% más rico controla más del 95% de la riqueza que posee el resto de la humanidad junta. En ese sentido, Petro se refirió al grado diferencial de contribución y responsabilidad que este grupo tiene en relación con la crisis climática, afirmando que existen intereses contrapuestos entre sus fuentes de riqueza -petróleo y carbono- y la necesidad de una eliminación efectiva de la dependencia de los combustibles fósiles en el contexto de una transición climática justa.
No sólo los países latinoamericanos defendieron reformas fiscales progresivas a escala mundial. Los Estados africanos, responsables de promover la resolución que abrió la posibilidad de una futura Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, también han introducido esta agenda a lo largo de algunas de las declaraciones de sus líderes en la Asamblea General. En particular, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, instó a la comunidad internacional a “hacer operativos los instrumentos acordados de financiación y creación de capacidad en materia climática para avanzar en la mitigación y la adaptación”. Ramaphosa hizo hincapié en la necesidad de cerrar la brecha de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afirmando que “perseguir el desarrollo sostenible requiere que los que tienen recursos apoyen a quienes no los tienen”.
De cara a la presidencia sudafricana del G20 en 2025, Ramaphosa se comprometió a utilizar esta plataforma para abogar por África y el Sur global. También apoyó los llamamientos a reformar el sistema financiero mundial para ayudar a los países en desarrollo a “salir de las arenas movedizas de la deuda”.