Proceso constitucional chileno
La acción de GI-ESCR en Chile tiene como objetivo promover alternativas respetuosas de derechos, inclusivas de género y sensibles al clima para el proceso constitucional y los debates de política económica de Chile.
Durante 2022 GI-ESCR continuó su trabajo en Chile, impulsando una agenda de respeto a los derechos, inclusión de género y justicia social en el proceso constitucional.
La Convención Constitucional establecida en 2021 ofreció la oportunidad ideal para desarrollar y aplicar una concepción progresista de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), incluyendo estándares sobre igualdad de género, servicios públicos y políticas fiscales.
Habiendo comenzado nuestro trabajo en Chile a fines de 2019, para 2022 GI-ESCR se había convertido en un actor clave en el ecosistema social y político de Chile. Ya reconocidos por nuestra experiencia en DESC y nuestro apoyo a un proceso participativo de reforma constitucional, durante el año fortalecimos nuestro trabajo con sindicatos, organizaciones de base, ONG y miembros de la Convención Constitucional. También consolidamos la plataforma digital La Constitución es Nuestra, que fue lanzada en 2021 por GI-ESCR, Fundación Ciudadanía Inteligente, Fundación Avina y Amnistía Internacional Chile para difundir información y facilitar la participación ciudadana. Durante 2022, más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil se involucraron en el desarrollo de estrategias conjuntas de incidencia para promover la inclusión de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de género en el texto de la Convención Constituyente.
La Convención Constitucional establecida en 2021 ofreció la oportunidad ideal para desarrollar y aplicar una concepción progresista de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), incluyendo estándares sobre igualdad de género, servicios públicos y políticas fiscales.
Habiendo comenzado nuestro trabajo en Chile a fines de 2019, para 2022 GI-ESCR se había convertido en un actor clave en el ecosistema social y político de Chile. Ya reconocidos por nuestra experiencia en DESC y nuestro apoyo a un proceso participativo de reforma constitucional, durante el año fortalecimos nuestro trabajo con sindicatos, organizaciones de base, ONG y miembros de la Convención Constitucional. También consolidamos la plataforma digital La Constitución es Nuestra, que fue lanzada en 2021 por GI-ESCR, Fundación Ciudadanía Inteligente, Fundación Avina y Amnistía Internacional Chile para difundir información y facilitar la participación ciudadana. Durante 2022, más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil se involucraron en el desarrollo de estrategias conjuntas de incidencia para promover la inclusión de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de género en el texto de la Convención Constituyente.
En terreno
Historias de impacto
Nuestra propuesta normativa fue incluida en el proyecto de constitución elaborado por la Convención Constituyente de Chile
En 2022, junto con socios y como parte de nuestro trabajo programático en Chile, presentamos a la Convención Constitucional de Chile una propuesta normativa para servicios públicos universales de buena calidad.
La propuesta fue aceptada por la Convención Constitucional y finalmente incluida en el proyecto de constitución.
La propuesta se inspiró en el Manifiesto Global por los Servicios Públicos y los Principios de los Derechos Humanos en la política fiscal. Reflejó nuestro trabajo de incidencia para reconocer los DESC en la nueva Constitución de Chile y también cumplió con nuestro objetivo programático de fortalecer la capacidad de los marcos nacionales de derechos humanos para abordar la injusticia social y económica de manera efectiva.
La propuesta fue presentada a través del instrumento de iniciativa popular (iniciativa popular de norma), un mecanismo de democracia directa creado durante el proceso Constituyente de 2022. El procedimiento permitió a ciudadanos y organizaciones someter a debate constitucional oficial cualquier propuesta que reuniera el apoyo de al menos 15.000 firmas. Nuestra propuesta estuvo entre las 77 propuestas (de 2.495) que deliberó la Convención Constituyente.
Sin embargo, la victoria fue agridulce. El borrador propuesto por la Convención Constitucional fue posteriormente rechazado en un referéndum en septiembre de 2022. A pesar del revés, aprendimos lecciones críticas que nos ayudarán a participar en el nuevo proceso constitucional que debe comenzar en 2023.
En general, GI-ESCR desarrolló y fortaleció con éxito alianzas de trabajo con sindicatos nacionales e internacionales, la sociedad civil y organizaciones de base. Estas alianzas nos permitieron reunir las firmas requeridas por el proceso constituyente y luego influir en el trabajo de la Convención Constituyente. Si bien es difícil predecir si un nuevo proceso constitucional incluirá esta disposición, creemos que nuestra iniciativa vinculó con éxito los servicios públicos, las políticas fiscales y los DESC a la agenda pública por primera vez. Este cambio ya ha dado forma a las percepciones públicas y políticas de estos temas e influirá en su inclusión en las fases futuras del proceso constitucional.
En 2022, junto con socios y como parte de nuestro trabajo programático en Chile, presentamos a la Convención Constitucional de Chile una propuesta normativa para servicios públicos universales de buena calidad.
La propuesta fue aceptada por la Convención Constitucional y finalmente incluida en el proyecto de constitución.
La propuesta se inspiró en el Manifiesto Global por los Servicios Públicos y los Principios de los Derechos Humanos en la política fiscal. Reflejó nuestro trabajo de incidencia para reconocer los DESC en la nueva Constitución de Chile y también cumplió con nuestro objetivo programático de fortalecer la capacidad de los marcos nacionales de derechos humanos para abordar la injusticia social y económica de manera efectiva.
La propuesta fue presentada a través del instrumento de iniciativa popular (iniciativa popular de norma), un mecanismo de democracia directa creado durante el proceso Constituyente de 2022. El procedimiento permitió a ciudadanos y organizaciones someter a debate constitucional oficial cualquier propuesta que reuniera el apoyo de al menos 15.000 firmas. Nuestra propuesta estuvo entre las 77 propuestas (de 2.495) que deliberó la Convención Constituyente.
Sin embargo, la victoria fue agridulce. El borrador propuesto por la Convención Constitucional fue posteriormente rechazado en un referéndum en septiembre de 2022. A pesar del revés, aprendimos lecciones críticas que nos ayudarán a participar en el nuevo proceso constitucional que debe comenzar en 2023.
En general, GI-ESCR desarrolló y fortaleció con éxito alianzas de trabajo con sindicatos nacionales e internacionales, la sociedad civil y organizaciones de base. Estas alianzas nos permitieron reunir las firmas requeridas por el proceso constituyente y luego influir en el trabajo de la Convención Constituyente. Si bien es difícil predecir si un nuevo proceso constitucional incluirá esta disposición, creemos que nuestra iniciativa vinculó con éxito los servicios públicos, las políticas fiscales y los DESC a la agenda pública por primera vez. Este cambio ya ha dado forma a las percepciones públicas y políticas de estos temas e influirá en su inclusión en las fases futuras del proceso constitucional.
